Compromís y PSPV chocan por las renovables en la Ley de Medidas contra la Despoblación

VALÈNCIA. Compromís y PSPV no comparten, ni mucho menos, el modelo a aplicar en el despliegue de renovables en la Comunitat Valenciana. Los dos socios de Gobierno del Botànic ya chocaron hace pocos meses en las enmiendas a la Ley de Acompañamiento de 2023, y ahora han vuelto a hacerlo en la Ley Integral de Medidas contra la Despoblación en la Comunitat por esta misma cuestión. 

Los grupos del tripartito negociaron hasta última hora de este miércoles las enmiendas a esta norma, que previsiblemente será de las últimas que aprueben antes de que se disuelvan Les Corts y se convoquen las elecciones de mayo. Pero, de nuevo, la unanimidad no fue posible por la implantación de grandes plantas en territorios de interior. Una cuestión a la que, según los valencianistas, había que hacer algún tipo de mención en la ley porque a su juicio es un factor que fomenta la despoblación. 

Como ya ocurrió en la Ley de Medidas Fiscales, Compromís puso encima de la mesa la necesidad de reflejar en la ley que la Generalitat ordene la planificación de plantas siguiendo el principio de proximidad, de manera que las instalaciones se sitúen lo más cerca posible a donde se vaya a consumir la energía generada. La Administración, además, debería "fomentar la generación de energía en espacios urbanos y periurbanos próximos a las zonas donde se concentra el consumo energético". O dicho de otro modo, los valencianistas quieren que se prioricen los suelos urbanos y degradados a la hora de instalar plantas de renovables frente espacios agrícolas que hoy por hoy puedan sean productivos. 

La modificación de Compromís, no obstante, va más allá y obligaría -en caso de aprobarse- a que las instalaciones garantizasen el suministro a las poblaciones en las que se implanten. Con ello se evitaría, por ejemplo, que megaplantas como Magda, que cuenta con 52 kilómetros de extensión de línea de alta tensión, no tenga conexión alguna con los municipios por los que transcurre al no contar con subestaciones. 

El planteamiento, sin embargo, no agradó a los socialistas porque, como ya argumentaron en la negociación de la Ley de Acompañamiento de 2023, supondría frenar proyectos que ahora mismo ya están en marcha al no tener subestaciones. En el PSPV consideran que estas condiciones supondrían cambiar las "reglas del juego" a empresas que ahora mismo están pendientes de desplegar sus plantas en el territorio. 

La división ha sido insalvable de nuevo porque las posturas de ambos partidos son antagónicas. El día y la noche. Mientras unos -Compromís- buscan priorizar la proximidad y protección del entorno que es el medio de vida especialmente en zonas del interior -aseguran estar a favor de las renovables, pero no "a costa del territorio-, otros defienden que todos estos requisitos impiden un despliegue más o menos ágil de las renovables en la Comunitat. ¿Conclusión? Compromís y PSPV han presentado enmiendas por separado en esta cuestión.  

Así, el grupo que dirige Ana Barceló ha planteado también un paquete de enmiendas en solitario. Modificaciones que, en realidad, ya intentaron validar en debates previos: en la Ley de Acompañamiento, en la negociación de la reforma de la LOTUP, en la fase de alegaciones a la Ley de Medidas contra la Despoblación antes de que esta fuera validada por el pleno del Consell y, ahora, en la fase de enmiendas parlamentarias. 

Del paquete de modificaciones legales existe especial enfrentamiento en una que desliza que allá donde el suelo no esté protegido o no cuente con un Plan General, el Ayuntamiento podrá decidir qué hacer en cada escenario. El texto en concreto especifica que donde no hubiera plan general estructural, se considera como "suelo rural de protección especial estructural aquel que así establezca el planeamiento vigente y el que conste como suelo protegido por cualquier normativa sectorial reguladora de acuerdo con la cartografía aprobada por la administración sectorial competente, según el informe emitido por la plataforma digital GUIA-T". 

"Es decir, que lo que no esté en la normativa sectorial reguladora, ya no estará protegido", sintetizan desde Compromís. "Ahora mismo se están haciendo planes de acción territorial donde no hay figuras de protección de territorio", exponen para acto seguido señalar que una modificación como la que pretenden llevar adelante los socialistas debería hacerse a través de la reforma de la LOTUP, con fase de participación pública incluida para "escuchar" a todos los afectados. Pero no "colar" cambios de tal calado a través de enmiendas a la Ley de medidas contra la Despoblación. 

Los valencianistas, sin embargo, tampoco están dispuestos a apoyar esta enmienda de calado porque los socialistas introducen el uso de una plataforma concreta que todavía se está desarrollando y desconocen si va a ser la herramienta que se utilice dentro de unos años. "Meter el uso de una plataforma concreta en una ley es muy forzado", cuestionan. 

Renta mínima rural y equidad territorial

Al margen de las diferencias, donde sí han hallado entendimiento los socios del tripartito es sobre la oportunidad de crear una renta mínima rural, una cuestión que buscaría frenar el éxodo rural. La intención de Compromís, de partida, era garantizar esta renta en un plazo máximo de tres años para que aquellos que desarrollan actividades agropecuarias en el interior puedan mantenerla. Finalmente, el tripartito ha acordado incorporar en la ley el estudio de implantar esta renta. 

Los grupos, además, también han acordado un cambio que es poco usual que se realice en el trámite parlamentario: la modificación del título de la propia ley, a petición también de Compromís. Antes de su variación, la norma fue 'bautizada' como Ley Integral de Medidas contra la Despoblación, pero con la enmienda pactada pasará a ser la Ley Integral de Medidas contra la Despoblación y por la equidad territorial en la Comunitat. El motivo, exponen, se debe a que en muchas zonas será necesario hacer más actuaciones que en otras para que el equilibrio sea real. "Hay un desequilibrio territorial evidente; hay que intentar garantizar que en el interior un ciudadano tenga los mismos derechos que los que tienen los ciudadanos en el litoral", concluyen.