El Gobierno da luz verde a la mayor macroplanta solar de Castellón

CASTELLÓ. El Ministerio para la Transición Ecológica ha formulado la declaración de impacto ambiental favorable para el proyecto de la macroplanta solar Magda, impulsada por el grupo francés Akuo y el chino Premier. La iniciativa, que prevé instalarse en la provincia de Castellón -concretamente en terrenos de les Coves de Vinromà, Benlloc y Cabanes- avanza así en su tramitación pese a los diversos informes desfavorables remitidos por la Generalitat Valenciana.

La instalación de energía renovable pretende ocupar más de 472 hectáreas -en términos comparativos, casi la misma extensión que el casco urbano de Vila-real- y es la planta de mayor tamaño autorizada hasta el momento en la provincia, seguida con mucha diferencia por dos proyectos de Acciona en Morella, que la compañía ha tramitado por separado y que, por esta razón, han recibido la autorización de la Generalitat recientemente. En su caso, Magda prevé implantar hasta 258.622 módulos de placas fotovoltaicas con las que alcanzar una potencia pico de hasta 150 megavatios. En total, los grupos extranjeros han estimado una inversión de 94,9 millones de euros -66 millones más IVA-.

Entre las infraestructuras proyectadas hay tres subestaciones eléctricas y las líneas precisas para conectarlas entre ellas y con la red general. Concretamente, incluye una línea eléctrica de alta tensión de 400 kilovoltios que se extenderá a lo largo de casi 53 kilómetros hasta la subestación eléctrica de La Plana, ubicada en Almassora, tras pasar por 10 términos municipales: les Coves de Vinromà, Vilanova d'Alcolea, Torre d'en Doménec, Benlloc, Vall d'Alba, Vilafamés, Sant Joan de Moró, Borriol y Castelló de la Plana, además de Almassora. La línea supera los 73 kilómetros con las conexiones internas.

Así, son unas instalaciones de gran envergadura, la mayor planta solar que ha superado el trámite ambiental hasta el momento en la provincia. No en vano, había suscitado la aversión de la misma Diputación de Castellón y el surgimiento de movimientos vecinales para intentar paralizar la instalación. 

4 meses de trámite... y algunas condiciones

Así las cosas, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico formuló la declaración el pasado 23 de enero, con lo que ha tardado menos de cuatro meses en realizarla. Destaca la celeridad de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental en resolver este trámite, pese a que es el más relevante para una instalación de este tipo. El ministerio le da así luz verde, aunque establece diferentes condiciones vinculadas a la protección del paisaje, la fauna y la flora, el agua, el patrimonio cultural, etcétera. Concretamente, la evaluación ambiental fija 64 cláusulas que los promotores deberán cumplir "para la adecuada protección del medio ambiente y los recursos naturales"... aunque fuentes del sector explican que estos requisitos no resultan ningún impedimento para la inversión, sino que más bien son fácilmente asumibles.

Antes de las obras, los promotores deberán hacer una prospección botánica para verificar que no hay especies vegetales amenazadas y cerrar las zonas con hábitats de interés comunitario o protegidas. Estará prohibido el uso de herbicidas y productos químicos similares y será obligatorio un Plan de Restauración Vegetal y Paisajística con actuaciones de compensación: "Se deberá compensar la superficie de hábitat estepario ocupado por las placas solares en una relación 1:1,5" con medidas agroambientales, por ejemplo, aunque la DIA no detalla qué cantidad de superficie supone. Y el control de la vegetación plantada se hará preferiblemente "evitando el sobrepastoreo".

Sobre la fauna, se requerirá de una prospección previa para detectar nidos existentes -se han detectado especies vulnerables como el aguilucho cenizo o el cernícalo primilla-, el vallado será "completamente permeable y seguro" para los animales y las obras se deberán hacer en "el período menos sensible para la fauna".

En materia de suelo, por ejemplo, la declaración de impacto ambiental obliga a "respetar la orografía natural del terreno sin efectuar movimientos de tierras" y "evitar la retirada/eliminación de la capa superficial" y restringe el tránsito de vehículos a las zonas ocupadas y los viales, que deberán contar con balizas. En cuanto al agua, habrá que garantizar el drenaje superficial hacia los cauces; la no afección a los cursos hídricos superficiales y subterráneos, así como a las formaciones vegetales de la ribera; el uso exclusivo del agua para limpiar las placas solares; una correcta gestión de aguas residuales y la captación de residuos líquidos peligrosos.

En el apartado del paisaje, el Ministerio obliga a preservar "elementos del paisaje" que ayuden a la "conectividad territorial" y los "conectores biológicos", y a analizar las cuencas visuales para erigir las infraestructura en "los puntos de menor exposición y fragilidad visual". Se deberán emplear "materiales y colores que faciliten la integración, evitando destellos y reflejos, y se tendrá que restaurar el entorno afectado durante la obra. A lo que habrá que sumar el empleo de un perímetro arbóreo y arbustivo para la planta. Y acerca del patrimonio cultural, se obliga a una prospección arqueológica previa y a la supervisión arqueológica de los movimientos de terreno.

Unas obras once meses

Tras la declaración de impacto ambiental, el Ministerio debe tramitar la autorización administrativa previa -que permite avanzar algunas actuaciones iniciales sobre el terreno-, y la autorización constructiva. Y por otro lado, la iniciativa deberá conseguir los permisos de obra de los diferentes ayuntamientos implicados. Dependiendo de los tiempos de cada administración, los plazos para el inicio de las actuaciones podrían oscilar entre los nueve y los doce meses, según fuentes conocedoras de este tipo de tramitaciones.

De esta manera, es muy complicado que se cumpla el cronograma que tenían marcado los promotores, según los cuales la planta solar se empezaría a materializar el 24 de mayo de 2023, tal y como consta en la documentación presentada en las administraciones. Ahora bien, el plazo de ejecución de la obra no tendría por qué variar y en el proyecto se contempla un período de 267 días para acabar los trabajos y otros 60 días de pruebas para la puesta en marcha, lo cual resulta en unos once meses aproximadamente.

El rechazo de la Generalitat Valenciana

Con todo ello, el Ministerio informa favorablemente el proyecto en este sentido pese a los informes contrarios que había remitido la Generalitat Valenciana en el proceso de información pública. Informes que, si bien no eran vinculantes, sí establecían advertencias sobre posibles afecciones medioambientales que, a la postre, el Ministerio no ha considerado suficientes para frenar el proyecto.

Por un lado, se emitió un informe desfavorable desde la dirección general de Política Territorial i Paisaje, que dirige Rosa Pardo en la Conselleria de Política Territorial y Obras Públicas, donde se señalaban afectaciones a la recarga de acuíferos y sus efectos sobre la modificación del paisaje, entre otras cuestiones. También la Conselleria de Agricultura, Desarollo Rural y Transición Ecológica, que dirige Isaura Navarro, cuestionaban el proyecto por la repercusión que puede tener la línea eléctrica prevista para evacuar la energía sobre las diversas especies de avifauna presentes en la zona.