Cs guarda silencio sobre la continuidad de Gabarda como diputada pese a su condición de condenada

CASTELLÓ. Ciudadanos guarda silencio sobre la situación judicial de Cristina Gabarda por segunda vez en los últimos meses. Como sucediera el 24 de enero de 2020, cuando la Audiencia Provincial de Castelló ratificó la sentencia condenatoria por injurias graves al presidente provincial del PP, Miguel Barrachina, la dirección autonómica de la formación naranja se refugia en el hermetismo para evitar pronunciarse públicamente sobre si prevé aplicar su régimen interno después de que la diputada haya acatado el fallo.

Los estatutos de Cs recogen dos supuestos en el artículo 10 que dejan a la parlamentaria en una situación más que comprometida. Por un lado, advierten que "los representantes institucionales y los cargos orgánicos del partido deberán poner su cargo, y en su caso el acta, a disposición del Comité Ejecutivo" si existe acusación "por el Ministerio Fiscal por la comisión de cualquier delito".

Por otra parte, el reglamento obliga al cese si hay condena por cualquier delito, como ocurre con la castellonense, aunque no esté relacionado con la corrupción. Así, se "aceptará la dimisión presentada o, en su caso, se promoverá el cese del cargo público u orgánico afectado". 

El doble rasero de Cs

La permisividad de la formación naranja contrasta con su inflexibilidad cuando se trata de solicitar que se cumpla el código ético con políticos encausados de otros partidos. Por ejemplo, con Ali Brancal, de Compromís. La propia Gabarda, liderando a su grupo municipal en el Ayuntamiento de Castelló, votó en diciembre de 2018 a favor de despojar a la concejala valencianista de sus competencias como vicealcaldesa al encontrarse investigada por un supuesto delito de malversación.

Paradójicamente, unos meses después de aquel pleno, la munícipe de Ciudadanos se sentó en el banquillo de los acusados por difundir en su muro de Facebook (diciembre de 2015) un fotomontaje del presidente del PPCS, al que acusaba de estar imputado por corrupción. La vista oral se celebró el 23 de abril de 2019, a escasos días de las elecciones autonómicas, a las que la regidora concurría como número dos a Les Corts Valencianes. 

Algo menos de un mes después, el 17 de mayo, el Juzgado de lo Penal nº 4 condenó a Gabarda a pagar 4.380 euros por un delito de injurias graves con publicidad. Ese mismo día Ciudadanos anunció que la flamante diputada autonómica recurriría el fallo.

Fue la única ocasión en que la dirección de la formación naranja se posicionó del lado de la parlamentaria. En los siguientes episodios judiciales hasta llegar al momento actual, con el acatamiento de la resolución condenatoria, siempre se ha mantenido al margen.