CSeM evita el portazo y asume su expulsión de la confluencia para no dañar a la concejala Garrido

CASTELLÓ. La concejala María Jesús Garrido seguirá como hasta ahora el resto de la legislatura en el Ayuntamiento de la capital de la Plana. Su situación jurídica dentro de la confluencia Podem-EUPV no correrá peligro por la desaparición de Castelló en Moviment (CSeM). La formación asamblearia desiste finalmente de su intención de presentar un escrito dirigido a la alcaldesa, Amparo Marco, y a la secretaria general del pleno para informar acerca de la disolución y, por tanto, pedir que se elimine su nombre de la convergencia.

El motivo de evitar el portazo, que habría obligado a estudiar la nueva condición de la edil dentro de la corporación, reside en la maniobra de Podem y EUPV de cambiar la denominación del grupo en el pleno del 31 de octubre de 2019. A instancias del portavoz, Fernando Navarro, los servicios jurídicos municipales emitieron un informe con vistas a determinar la viabilidad de la propuesta. Al ser favorable y no plantear reparos, el propio munícipe, en sintonía con los partidos implicados, solicitó que la modificación pasara como dación de cuenta por sesión ordinaria.

Navarro se aferró a los correos electrónicos recibidos previamente por CSeM para tomar la decisión. Sin embargo, desde la agrupación de electores la medida causó cierto malestar. Aunque exdirigentes admiten que se reclamó suprimir a Castelló en Moviment de la confluencia no solo en los documentos oficiales, sino también de la página web, confiaban en que el concejal hubiese ordenado el cambio a partir de la comunicación por registro del Ayuntamiento respecto a la disolución.

De hecho, la formación asamblearia todavía no ha finalizado el proceso de baja como partido político en Hacienda como consecuencia de algunos problemas con la firma digital. A nivel contable, sí que ha culminado su desaparición al cerrar el balance del ejercicio y la cuenta bancaria. 

Sin precedentes

Lo que no cabe duda es que si CSeM hubiese notificado oficialmente al Ayuntamiento su evanescencia en los términos señalados anteriormente, habría sentado jurisprudencia en España, más allá de las posibles consecuencias sobre la concejala Garrido.

El Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local (Cosital) reconoció en su día a Castellón Plaza que "no existen precedentes sobre un caso similar", en alusión a una convergencia de tres grupos políticos distintos.

Desde las primeras elecciones municipales celebradas el 3 de abril de 1979, cuando se procedió a renovar las organizadas vinculadas con el régimen franquista, las rupturas en las corporaciones siempre habían afectado a alianzas de dos partidos. En la mayoría de los casos, por distensiones entre sus componentes (por ejemplo, Izquierda Unida y Los Verdes). En otros, por la disolución de alguna de las dos agrupaciones, como UPyD.

En todos los lances, los ediles implicados pasaban a los no adscritos (comúnmente conocido como grupo mixto), según lo establecido en el Régimen Orgánico de Plenos y Comisiones.