CASTELLÓ. La disolución de Castelló en Moviment (CSeM) amenaza con provocar un seísmo de magnitudes desconocidas en el Acord de Fadrell. Más allá de la desaparición como partido político, la evanescencia de la formación de electores pone en un serio aprieto a los ediles Fernando Navarro y María Jesús Garrido como miembros de la actual confluencia Unides Podem-EUPV (Unides Podem-CSeM-EUPV hasta el sábado 21 de septiembre). Ambos permiten al PSPV-PSOE y Compromís disfrutar de una amplia mayoría, de 15 regidores, como equipo de gobierno en el Ayuntamiento de la capital de la Plana.
Según el artículo 28 del Reglamento Orgánico del Pleno y Comisiones, la posibilidad de que los dos munícipes pasen a integrar el bloque de no adscritos obliga a analizar en profundidad la interpretación del propio enunciando. La definición de "Grupo Mixto" que recoge el epígrafe precisa que "es el formado por todos aquellos concejales que hubieran concurrido a las elecciones municipales en formaciones que integren una coalición electoral y se disolviesen para integrarse en el Grupo Mixto".
Esa desvinculación de CSeM como integrante de la convergencia compuesta por Podem y EUPV se producirá cuando se cumplan varias premisas en las próximas semanas. Primero, la presentación de un escrito en esos términos ante la delegación de Hacienda para solicitar la baja del NIF y, en consecuencia, la eliminación de la personalidad jurídica.
Segundo, la entrada por registro del Ayuntamiento de Castelló de la documentación que acredite la desaparición de la formación asamblearia. La solicitud, además, deberá ir dirigida tanto la alcaldesa, Amparo Marco, como la secretaria general del pleno, Concepción Juan.
Con ese expediente la funcionaria municipal dispondrá de bases legales para emitir un informe sobre la interpretación del citado artículo 28, aunque todo apunta a que sus conclusiones estarán en la línea de recomendar la derogación de la confluencia y plantear la inclusión de los dos concejales en el grupo de no adscritos (comúnmente mixto).
Para Navarro y Garrido, la medida conllevará ostensibles cambios, independientemente de su continuidad en el equipo de gobierno. Sus derechos económicos y de representación política, en relación al resto de componentes del tripartito, se verán limitados. Y su nuevo escenario jurídico, presumiblemente, afectará al Acord de Fadrell pese a tratarse de un documento privado entre varias formaciones políticas.