CASTELLÓ. La Diputación de Castellón cierra el curso político con acuerdos puntuales entre el equipo de gobierno (PP) y los principales partidos de la oposición (PSPV y Compromís) que no esconden las diferencias ideológicas en temas de gestión, algunos incluso de competencias impropias. A pesar de la declaración institucional sobre el 55 Sexenni de Morella y las mociones acerca del sistema de financiación y las desaladoras, el toma y daca se repitió en el pleno de este martes, el ordinario de julio y último antes del parón parlamentario por las vacaciones.
Sin debates en los puntos, pero con explicaciones de voto muy densas, los bloques volvieron a protagonizar cruce de reproches. Unos rifirrafes especialmente vivos entre la derecha y los grupos de la izquierda, hasta el anterior mandato al frente de la institución. En los asuntos que suscitaron mayor consenso, llamo la atención la posición de Vox con la propuesta conjunta del resto de fuerzas políticas para reclamar la reforma del sistema de financiación por un "trato justo" a la Comunitat. El portavoz y único diputado del partido de extrema derecha, Luciano Ferrer, votó en contra.
En la moción, además de exigir la reforma del actual sistema de financiación autonómica, se insta al Gobierno de España a habilitar un fondo de nivelación transitorio, que inicialmente se cifra es una media 1.782 millones anuales para el periodo 2024-2027. De esa cantidad, 205 millones de euros corresponden a la provincia de Castellón. Como explicó la vicepresidenta y responsable del área Económica, María Ángeles Pallarés, "durante muchos años la Comunitat Valenciana ha sufrido un sistema de financiación injusto, algo que nos ha impedido el desarrollo y crecimiento". "Debemos trabajar porque nuestra Comunitat tenga los mismos derechos y los mejores servicios públicos; y todas las fuerzas políticas nos tenemos que unir para abordar y exigir este nuevo modelo de financiación", incidió.
En la misma línea, pero en este caso con los votos a favor de la corporación, el pleno aprobó una moción en defensa de la igualdad entre españoles y en contra de privilegiar a unas comunidades autónomas frente a otras. También se acordó, con el respaldo del PP, PSPV y Vox y la abstención de Compromís, una iniciativa para exigir al Gobierno de España que el coste de las desaladoras sea asumida por el Estado. Asimismo, hubo aquiescencia para solicitar la declaración del 55 Sexenni de Morella como acontecimiento de excepcional interés.
Sin embargo, las mociones de la izquierda sobre la despoblación y declarar los bosques de la provincia como zonas gravemente afectadas por la sequía murieron en la orilla. La mayoría del PP tumbó las dos propuestas. La diputada de Compromís, Maria Fajardo, lamentó "el voto negativo del equipo gobierno, que no entendemos". "Hay que trabajar unidas para reducir el riesgo de incendios forestales y restaurar la salud de nuestros bosques, como se está haciendo en otras comunidades autónomas", defendió en alusión a la segunda propuesta.
Por su parte, el parlamentario socialista Benjamín Escriche afeó a la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina que, "por enésima vez, vuelva a plegarse ante su jefe de filas, Carlos Mazón al vetar la moción del PSPV que exigía al Consell cumplir íntegramente con la ley del Botànic de lucha contra la despoblación", señaló.
En el apartado de ruegos y preguntas, Marta Barrachina desveló que el Santuario de Sant Joan de Penyagolosa todavía tardará un tiempo en abrir sus puertas tras acometerse una profunda rehabilitación integral. El motivo del retraso, que en realidad supone un imprevisto, es que en el convenio entre el Obispado de Segorbe-Castellón, la Diputación y la Generalitat no se contempló la inversión para instalar "la luz, internet y el agua". Una actuación que tendrá un coste de aproximadamente dos millones de euros.
