Desafíos para la discapacidad en Castellón: deuda de la Generalitat, déficit de plazas y envejecimiento

CASTELLÓ. La red asistencial para las personas con discapacidad en Castellón está gestionada -en su mayoría- por entidades sociales. Y muchas de ellas no atraviesan su mejor momento. Aunque los cambios políticos suelen generar cierta incertidumbre inicial, estas organizaciones arrastran desde hace tiempo una serie de dificultades que condicionan cada día más la respuesta que ofrecen. Los responsables de Afanias, Frater y Cocemfe Castelló, organizaciones con un gran protagonismo en este sector, identifican tres desafíos a corto plazo que provocan inestabilidad en el tejido asociativo e inquietud para muchas familias en la provincia.

Dos apuntan de forma directa a la Administración autonómica: la deuda que mantiene la Generalitat con ellas y la necesidad de crear más plazas e infraestructuras para resolver la lista de espera de personas que demandan una residencia. El tercer desafío tiene un desencadenante sociodemográfico: las consecuencias del envejecimiento de la población que acude a sus centros. A todos estos retos se une una deuda histórica: la accesibilidad universal de los servicios públicos, así como el transporte adaptado, especialmente, en las comarcas alejadas de los núcleos urbanos y económicos principales. "Si la situación sigue así, dentro de poco tendremos que salir a las calles, como hemos hecho durante años, para exigir que nos escuchen, no que nos oigan", advierte el gerente de Afanias, Francisco Gil.  

Deuda millonaria

En apenas unos meses, la deuda que la Generalitat mantiene con estas tres entidades sin ánimo de lucro ha crecido hasta alcanzar el millón de euros. La tardía resolución de los conciertos -forma de gestión de servicios públicos a través de entidades-, los errores en la valoración de los casos atendidos -modificando a la baja el porcentaje de discapacidad o la tipología de las personas financiadas y su correspondencia económica-, así como el retraso en los pagos de las plazas concertadas con la Administración -muy por encima de los 60 días- están asfixiando a estas organizaciones.

"Tenemos que estar al día en el pago de sueldos, Seguridad Social, IRPF, alquileres, proveedores, hacer frente a créditos y líneas de crédito… todos pensamos que la acción concertada es un paso adelante, una buena noticia para el sector, pero no tiene sentido que nos deban dinero, en algunos casos desde 2022 y que en 2023 nos sigan pagando mal", remarca Gil. "Si nuestro trabajo lo hicieran las administraciones públicas estarían colapsadas y ahora tenemos problemas incluso para endeudarnos", añade el presidente de Cocemfe Castelló, Ramón Meseguer.

Los representantes de las tres organizaciones defienden que el modelo de financiación basado en el concierto social -implantado tras una larga negociación y un trabajo previo de cohesión de las entidades- generará estabilidad "siempre que el cálculo del precio/plaza se ajuste a la realidad y los pagos se realicen cuando corresponde", porque en el caso contrario "nos convierte en los principales financiadores de la Generalitat", sentencia el director de la residencia y centro de día Maset de Frater, Ximo Nebot.

Déficit de plazas e infraestructuras

El 80% de las plazas públicas actuales están concertadas con residencias, viviendas tuteladas y centros específicos -de día, ocupacionales y de atención temprana- que pertenecen a las organizaciones del Tercer Sector. Y es que muchas de estas entidades comenzaron su labor sociosanitaria antes de que el sistema público incluyera en su cartera de servicios la atención a la discapacidad. 

Afanias, Cocemfe y Frater ofrecen cada día una alternativa a 572 personas con discapacidad física, intelectual y orgánica a través de 13 recursos o servicios que dirigen en la provincia. Son piezas fundamentales en este puzle asistencial y al analizar la infraestructura actual, coinciden en el diagnóstico: "No hay suficientes plazas para atender a todas las personas que precisan un centro especial".

Detrás de esta demanda de nuevos servicios, se acumulan "decenas de llamadas de familias" que aguardan durante meses una respuesta de la Administración. "Las listas de espera de la Conselleria son secretas, opacas, por lo que no sabemos la cifra exacta de casos, pero estimamos que en torno a un centenar personas con discapacidad están pendientes de una plaza pública", explica el gerente de Afanias.

En las comarcas del norte de provincia, el Baix Maestrat y Els Ports, esta situación se acentúa todavía más. "La precariedad es algo habitual", lamenta Ramón Meseguer, quien advierte de que, si no se invierte esta tendencia a corto plazo, "35 personas que van a dejar el recurso de educación obligatoria tendrán que irse a casa", lo que supone "un freno en su evolución personal en un momento decisivo de sus vidas".

Las 18.920 firmas presentadas en febrero ante la Dirección Territorial de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas de Castellón para poner de manifiesto las carencias de la atención integral apenas han logrado desatascar la situación, salvo casos puntuales.

La escasez de plazas también provoca un efecto colateral que es capaz de condicionar la calidad en la atención. Las entidades lamentan que -en muchas ocasiones- les derivan perfiles que no se ajustan a la tipología de sus centros; una resolución que influye en la convivencia y pone a prueba la capacidad de los equipos profesionales y la gestión de recursos. "Nos gustaría que tuvieran en cuenta nuestra valoración en el proceso de selección antes de determinar quién ingresa en cada centro para que podamos evitar muchas dificultades".

Perfiles más complejos y envejecimiento

La tipología de los perfiles que residen o acuden a los centros y servicios que gestionan Frater, Afanias y Cocemfe está cambiando en los últimos años. La esperanza de vida y el paso del tiempo plantean nuevos retos a corto plazo. Ximo Nebot (Frater) recuerda que hace años era "impensable" que en las residencias para personas con discapacidad intelectual superaran los 45 años y "ahora resulta normal".

El envejecimiento de la población con discapacidad, unido al natural avance del deterioro físico y cognitivo, está generando un amplio debate sobre el modelo residencial adecuado para estas personas. La normativa actual obliga a que abandonen las residencias especializadas y se trasladen a centros de tercera edad al cumplir los 65 años. Un destino que genera un fuerte rechazo entre muchas familias que ven un retroceso en la atención recibida. "Las residencias de la tercera edad no están preparadas para atender a este tipo de perfil -remarca Francisco Gil (Afanias)- lo ideal sería un recurso residencial de tercera edad para personas con discapacidad, pero también para personas de edades más tempranas". Una propuesta que también respaldan Cocemfe y Frater. En cinco años, más de la mitad de las personas que actualmente residen en la residencia del Maset de Frater necesitarán otro tipo de recurso.