CASTELLÓ (EFE). La Guardia Civil, en colaboración con la Agencia Tributaria, ha destapado una estafa que se venía practicando desde hace al menos cinco años en los trámites de las inscripciones en las notas de inmuebles en los Registros de la Propiedad en localidades de Castellón y Madrid y por parte de la trabajadora de una gestoría que habría falseado el pago de impuestos en compraventas y que se ha podido apropiar con ello de más de 110.000 euros.
Según ha informado la comandancia provincial de Castellón en un comunicado, se está investigando a esa trabajadora y a la gestoría en la que trabajaba, como persona jurídica, por los delitos de falsedad documental, estafa y usurpación de estado civil.
El Equipo de Delitos Informáticos y Telemáticos (Edite) junto con el Equipo de Policía Judicial de Oropesa del Mar de la comandancia de Castellón iniciaron la denominada operación "Nus" el pasado mes de enero tras la presentación de una denuncia por parte de una registradora de la propiedad que exponía que a finales de 2018 trataron de inscribir en su oficina de Registro una escritura de compraventa y una escritura de préstamo hipotecario sobre una finca ubicada en la provincia pero, finalmente, ambas escrituras no se practicaron al no justificar ni acreditar el pago de los impuestos correspondientes.
Posteriormente presentaron una segunda copia del documento de compraventa, que fue calificada negativamente por la misma Registradora. Estos hechos fueron notificados a la gestoría que presentó el trámite.
La citada gestoría al conocer lo anteriormente expuesto, comenzó los contactos con el Registro de la Propiedad, y aportaron la documentación obrante en el expediente. Fue entonces cuando la denunciante se percató de la falsedad de la nota simple, de la nota de despacho, y de dos facturas a nombres de registradores residentes en Málaga y Madrid, a los cuales se les informó y se les tomó declaración por parte de los guardias civiles como perjudicados de los hechos.
Las alarmas saltaron cuando los agentes investigadores, en el momento de la denuncia, además de los documentos presentados por la registradora, comprobaron la posible falsificación de los modelos 600 vinculados a los pagos de los impuestos, tanto de la compraventa como los de la hipoteca.
Ante estos hechos, la Guardia Civil creó un grupo de trabajo con la Agencia Tributaria Valenciana para localizar y determinar otras operativas de impago de impuestos mediante el mismo procedimiento.
Durante la investigación se han realizado actuaciones y requerimientos judiciales en Madrid y Barcelona y se han analizado más de cincuenta cuentas bancarias. Además se ha podido identificar a la presunta autora de los hechos, una mujer que trabajaba en una gestoría en la provincia de Madrid.
Esta persona valiéndose de su experiencia laboral y su posición como encargada de la tramitación de los expedientes vinculados a una de las empresas de servicios para entidades financieras más importantes de España, estuvo, durante más de cinco años, realizando la falsificación de documentos registrales y facturas, y dando una apariencia de legalidad a las operaciones para así poder justificarlas de esa manera ante los departamentos de control y la propia entidad bancaria, obteniendo un beneficio económico del impago de los impuestos de dichas operativas, que ha podido ascender a más de 110.000 euros.
La Guardia Civil procedió a la investigación de la presunta autora así como a la investigación de la gestoría como persona jurídica, por los presuntos delitos de estafa, falsedad documental y usurpación de estado civil.
A lo largo de la investigación, se han podido identificar otras operativas fraudulentas con el mismo “modus operandi” en la que se han visto afectados el Registro de la Propiedad 2 de Navalcarnero (Madrid), con el impago de los impuestos correspondientes a la Agencia Tributaria de Madrid, y el Registro de la Propiedad 1 de Pozuelo de Alarcón (Madrid). La operación ha sido dirigida por el Juzgado de Instrucción número 3 de Castellón.
