CASTELLÓ (EFE). La Diputación de Castellón ha aprobado las bases de la convocatoria de ayudas económicas, con una aportación de 50.000 euros, contra el empobrecimiento energético para personas que vivan en municipios de la provincia de menos de 20.000 habitantes.
Según han señalado fuentes de la institución provincial las ayudas han sido recientemente aprobadas por la Junta de Gobierno de la Diputación ratificadas por todos los grupos políticos con representación.
Las bases contemplan una cantidad estimada de 50.000 euros para 2019 y contemplan una serie de requisitos que deberán cumplir las personas con riesgo de exclusión social que soliciten las ayudas.
La vicepresidenta de la Diputación, Patricia Puerta, responsable también de Bienestar Social, ha señalado que para la institución es una "prioridad" ayudar a las personas de los pueblos que más lo requieren, porque "todos deben disponer de los servicios esenciales para su día a día, trabajo en el que debemos implicarnos todas las administraciones porque hay muchos ciudadanos que nos necesitan".
Para poder acceder a las ayudas deberán encontrarse empadronados en un municipio de la provincia de Castellón con población inferior a los 20.000 habitantes y disponer de un contrato con una empresa comercializadora de energía eléctrica, gas o agua potable en la vivienda que constituya la residencia de la persona o la unidad de convivencia.
En el caso de que el solicitante se encuentre en una vivienda alquilada y el contrato con la empresa se encuentre formalizado por el arrendatario, se entenderá por requerimiento de pago el realizado al mismo.
De forma paralela, hay que presentar acreditación documental de impago de un recibo o requerimiento de la empresa suministradora o del arrendador donde se señale el corte de suministro por el impago de los recibos de suministro de energía eléctrica, gas o agua potable en el año 2019.
A ello se une el tener unos ingresos en la unidad de convivencia que no superen la cuantía mensual del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), establecida para el año 2019 en 548,90 euros, en el momento de la valoración de la necesidad de acceso a la subvención económica.
Los beneficiarios tendrán por su parte una serie de obligaciones: cumplir el objetivo que fundamenta la concesión de la prestación económica, justificar ante la entidad colaboradora el cumplimiento de los requisitos, someterse a las actuaciones de comprobación y comunicar a la entidad colaboradora la obtención de otras subvenciones, ayudas o ingresos que financien el objeto de la prestación económica asignada.
También pueden concurrir a la convocatoria como entidades solicitantes ayuntamientos de poblaciones con menos de 20.000 habitantes, mancomunidades y consorcios de municipios para la gestión de las prestaciones personales garantizadas de servicios sociales, a los efectos de llevar a cabo la asignación y entrega a la población beneficiada de la dotación económica establecida por la corporación provincial.
En todos los casos, los destinatarios de las ayudas percibirán un máximo de 500 euros anuales por persona o unidad de convivencia que reúna los requisitos establecidos.
Definida como una combinación de ingresos económicos escasos, precios en aumento de la energía doméstica y deficientes niveles de eficiencia energética en la vivienda, la pobreza energética concurre en un hogar cuando su unidad de convivencia es incapaz de atender el coste de unos servicios de suministro de energía suficientes para la satisfacción de sus necesidades domésticas, o cuando se ve obligada a destinar una parte excesiva de sus ingresos al pago de la factura energética de su vivienda.
