CASTELLÓ. La Diputación de Castellón revisará a partir de 2020 los convenios singulares que, según sospecha el PSPV-PSOE y Compromís, el Partido Popular distribuía a colectivos locales 'afines' bajo el mandato de Javier Moliner. En la auditoría interna sobre gestión para elaborar los nuevos presupuestos, entre las conclusiones se subraya la arbitrariedad del PP a la hora de conceder subvenciones directas, a dedo y sin ningún proceso de concurrencia.
Al parecer, los contratos salpicaban a todos los negociados, aunque reincidían especialmente en el área de Cultura, coordinada por el actual portavoz de los populares, Vicent Sales. Así, un elevado porcentaje de esos conciertos supuestamente enriquecían a asociaciones de la capital de la Plana. Los colectivos de los demás municipios de la provincia apenas recibían una parte del pastel.
En este contexto, se entiende que ese exceso de convenios singulares tenía una intencionalidad política al hacer de contrapoder al Ayuntamiento de Castelló, controlado por socialistas y nacionalistas desde 2015.
Para las cuentas del próximo ejercicio, las primeras de la alianza progresista en la Diputación, los convenios se suscribirán mediante procesos de concurrencia. Las entidades interesadas en beneficiarse de las líneas de ayudas, como Eventos culturales o Programas culturales. deberán presentar un proyecto y ajustarse al pliego de condiciones.
En el caso de cumplir con todos los requisitos, obtendrán un adelanto y el resto se desembolsará en el momento de justificar con facturas el citado proyecto. En definitiva, es el mismo procedimiento que se siguen en muchos ayuntamientos, como el de la capital de la Plana, para racionar las subvenciones.
La fiscalización de los convenios singulares permitirá al PSPV y Compromís redirigir la sustancial cuantía a otras partidas del presupuesto, aunque todo hace indicar que el plan económico-financiero, por haber superado el techo del gasto, obligará a aplicar una política de contención.
La capacidad inversora de la Diputación todavía se verá más limitada por la incorporación de una consignación de 5,8 millones de euros para el Fondo de Cooperación. La imposición incrementará la dificultad para redactar unas cuentas equilibradas y que eviten un endeudamiento de la institución provincial.