CASTELLÓ. La planta de tratamiento de purines de la Todolella paralizará su actividad a final de año. Una denuncia ante la Fiscalía refleja que la planta no cumple con la normativa en cuanto a la minimización del impacto ambiental.
“La inacción del anterior equipo de gobierno ha abocado al cierre de la planta que es utilizada por doce ganaderos de la comarca de Els Ports y que da servicio a los municipios de la Todolella, La Mata, Olocau del Rey, Villores, Morella, Ortells, Forcall y Cinctorres”. Así de contundente ha sido la vicepresidenta primera y responsable del área Económica, María Ángeles Pallarés, quien se ha desplazado esta tarde a la Todolella junto a los diputados de Residuos y Sector Primario, Ximo Llopis y Sergio Fornas, para mantener una reunión informativa con todos los agentes afectados por la paralización de la actividad.
La Diputación de Castellón es titular de la instalación de tratamiento de purines en Todolella, un espacio en el que se lleva a cabo la gestión y tratamiento de los residuos de la ganadería. La problemática surgió en cuanto a que se debía adaptar la instalación y el funcionamiento de la actividad a las Mejores Técnicas Disponibles (MTD) en el tratamiento de residuos publicadas por la Decisión de Ejecución (UE) para reducir las emisiones de la atmósfera.
La empresa adjudicataria del servicio de explotación presentó la solicitud para la obtención de la Autorización Ambiental Integral correspondiente, en cumplimiento de la legislación vigente en materia de prevención y control integrado de la contaminación.
Sin embargo, un informe del Servicio de Protección de la Atmósfera de la Dirección General de Calidad y educación Ambiental, fechado el 27 de marzo del 2023, concluyó que no quedaba acreditada la aplicación de todas las MTD previstas en la Decisión de Ejecución (UE) para reducir las emisiones a la atmósfera, por lo que no se pudo emitir el informe favorable solicitado, aconsejando por tanto la adopción de medidas oportunas para proteger el medio ambiente.
Como ha incidido la vicepresidenta primera de la Diputación, “ese informe se emitió a las puertas de las elecciones autonómicas y municipales y no se hizo nada al respecto y, ahora, no hay margen de maniobra”.
Como se ha explicado en la reunión informativa, analizado técnicamente el informe emitido por el Servicio de Protección de la Atmósfera en el procedimiento de tramitación de la Autorización Ambiental Integrada se extrae que la técnica empleada para la explotación actual de la planta no se incluye en la relación de mejores técnicas disponibles. Por tanto, la tecnología empleada de paneles de evaporación no es recomendable para reducir las emisiones a la atmósfera ya que genera, de forma difusa y continua, una cantidad importante de gases.
Además de ello, a finales de mes del mes de septiembre de 2023, la empresa adjudicataria recibió de Fiscalía provincial de Castellón la comunicación sobre una denuncia en la que se reflejaba que la planta no cumplía con la normativa en cuanto a la minimización del impacto ambiental.
En dicha denuncia se pone de manifiesto que entre los años 2019 y 2022 se constató la existencia de acumulación de estiércol depositado a la intemperie, sobre suelo de tierra, con el consiguiente riesgo de filtración de lixiviados por efecto de las lluvias. En todo ese tiempo no se ha apantallado y adecuado el sistema de paneles evaporativos sobre los que se pulveriza la fracción líquida del purín, el cual debido precisamente a deficiencias de apantallamiento se esparce sobre el suelo de tierra circundante. En la denuncia se pone de manifiesto que esta planta de tratamiento de estiércoles no cuenta con Autorización Ambiental Integrada (AAI).
Ante esta situación, en el 2022 se denunció una serie de deficiencias en la planta y tras ello se ofició al Seprona al no poderse descartar la comisión de un delito a fin de que investigara los hechos descritos, como pudiese ser la gestión irregular de estiércol. El Seprona solicitó entonces una serie de información que, como se desprende en la denuncia, no fue proporcionada por las Consellerias implicadas, y se volvió a oficiar a la Conselleria de Agricultura, Medio Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica y a la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, a fin de que informaran y en su caso remitieran la copia de la Autorización Ambiental Integrada de la planta.
Tras recibir ese informe que concluye que no se han adoptado las medidas de minimización del impacto ambiental en esa parcela, y en vista de quede garantizada la protección de medio ambiente y seguridad y salud de las personas, se ha propuesto la finalización del contrato del servicio de explotación de la planta a finales de este año.
En el tiempo restante de vigencia hasta la fecha indicada, se evitará el acceso de los purines a las instalaciones, que se dedicarán exclusivamente a la finalización del tratamiento de los residuos existentes en la actualidad y en la limpieza, acondicionamiento y mantenimiento de las instalaciones para evitar posibles riesgos en el periodo posterior.
El gobierno provincial lamenta “que la inacción durante estos años por parte del equipo de gobierno en cuanto al cumplimiento de la normativa haya motivado esta decisión ya que seguir con la actividad puede constituir un delito contra el medio ambiente y los recursos naturales”, ha sentenciado María Ángeles Pallarés. Ante este nuevo escenario, los ganaderos y municipios afectados por el cese de la actividad deberán estudiar la fórmula para seguir tratando los purines.