Foto: Diputación de CastellónCASTELLÓ (EP). La Diputación Provincial de Castellón trabaja "contrarreloj" para desbloquear más de 1,8 millones de euros en ayudas a entidades sociales de la provincia. El equipo de Gobierno que lidera Marta Barrachina centra los sus esfuerzos en que lleguen las ayudas que "esperan desde hace meses entidades que prestan servicios sociales como el transporte adaptado para personas con discapacidad o entidades como la Asociación Gitana de Castellón, entre otros colectivos".
"Y es que, cuando estamos a pocos días de finalizar el mes de julio, numerosas asociaciones, organizaciones y entidades sociales que prestan una labor fundamental en la provincia siguen sin percibir las ayudas comprometidas y no resueltas por el anterior equipo de Gobierno", aseguran los actuales responsables de la corporación.
Al respecto, la diputada de Bienestar Social, Marisa Torlá, afirma que "se trabaja para pagar todas las ayudas sociales que ha dejado pendientes el anterior equipo de Gobierno y que afectan a proyectos de integración, a atención de personas en situación de vulnerabilidad, conciliación familiar o envejecimiento activo, entre otras cuestiones".
"Estamos trabajando desde el primer día para desbloquear los más de 1,8 millones de euros pendientes en ayudas correspondientes al área social", subraya la diputada. "Las políticas sociales -continúa- forman parte de los ejes de actuación de la Diputación de Castellón y es por ello que una de las primeras actuaciones que estamos realizando en el área social es desbloquear todas aquellas subvenciones pendientes para poder proceder al pago con celeridad para que las entidades puedan llevar a cabo su normal funcionamiento y sea la muestra del apoyo real que realza la labor de estas asociaciones, organizaciones y ONG, reconociendo que en muchos casos llegan donde desde las instituciones no podríamos hacerlo".
Las subvenciones pendientes de pago están destinadas a una veintena de asociaciones, entre las que se encuentran entidades sectoriales del ámbito de la salud y prevención, envejecimiento activo, conciliación familiar, educación, infancia y actividades sociales, entre otras.
La propia presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, visitó hace escasos días el Banco de Alimentos, donde se reunió con el presidente, Santiago Miralles, para anunciarle el desbloqueo de una ayuda que esperan desde hace meses.
Tal y como explicó la presidenta de la administración provincial, "es incuestionable la gran labor social y humanitaria que realiza el Banco de Alimentos de Castellón, más si cabe debido al encarecimiento generalizado de todos los productos". Por ello, "desde la Diputación de Castellón no podemos quedarnos de brazos cruzados y ya hemos activado los mecanismos necesarios para cumplir y pagar al Banco de Alimentos el convenio que tiene suscrito y que hace meses que debería haber cobrado", subrayó la presidenta.
"Hemos de estar al lado de quienes más nos necesitan. Es de justicia que el Banco de Alimentos no espere más para percibir los 25.000 euros de ayuda económica que tiene suscritos mediante el convenio firmado con la Diputación", añadió.
Tras todo ello, el portavoz del PSPV en la Diputación, Samuel Falomir, ha acusado de actuar de "mala fe" a Torlá, ya que las subvenciones se lanzaron "en tiempo y forma" y el pago está previsto para el año en curso "como siempre se ha hecho". Falomir apunta que, debido a la convocatoria electoral, "pueden haber sufrido un leve retraso, pero no por decisión política como quiere hacernos creer el equipo de Marta Barrachina".
El diputado socialista cree que la crítica del PP es "desafortunada" porque "desmerece el trabajo del funcionariado de la casa, a quien responsabiliza de forma indirecta de haber dejado de lado sus funciones".
Al mismo tiempo, el portavoz del PSPV lamenta que el PP "no haya tardado ni un mes en sacar a relucir sus malas artes" con una campaña de descrédito contra el PSPV fundamentada en titulares "populistas". "El Partido Popular tiene mucho que callar cuando habla de bienestar social porque José Martí y, en especial, la vicepresidenta Patricia Puerta, tuvieron que hacer frente durante casi cuatro años a un auténtico colapso burocrático del área heredado de la etapa de Javier Moliner al frente de la Diputación". "A fecha de 2019 había 2.700 convenios y subvenciones sin justificar, fiscalizar ni pagar al 100 por 100, todo un récord de mala gestión".
