VALÈNCIA. La Conselleria de Economía y las concesionarias de ITV de la Comunitat Valenciana liman asperezas después de que este martes las empresas anunciaran una batalla judicial contra la Generalitat Valenciana por sus "falsedades" en el proceso de reversión de este servicio que a partir de 2023 prestará directamente la Generalitat tras 25 de gestión privada. Unas acusaciones que negó el conseller de este departamento, Rafa Climent quien, además, tendió la mano a las concesionarias acordando con ellas la creación de una comisión de trabajo con el fin de culminar el proceso de una forma "amable".
Así lo aseguró el conseller en una rueda de prensa, tras mantener este miércoles una reunión de trabajo con la Asociación de Entidades Concesionarias de ITV en la Comunitat Valenciana (Aecova), en la que se acordó la puesta en marcha de este grupo de trabajo que estará formado por representantes de las ocho empresas concesionarias que actualmente prestan el servicio y personal de la Conselleria.
"El objetivo es claro: para nosotros la seguridad vial es un servicio básico que equipararía a la Sanidad, la Educación o los Servicios Sociales. Tenemos que ser rigurosos porque salvamos vidas y, por eso motivo, debe ser un servicio mejor del que estamos prestando en este momento", remarcó Climent. Además, incidió en que la reversión fue un punto fijado en el Acord del Botànic y las empresas eran conocedoras "desde hace 24 años" de que la concesión era para 25 años y, por tanto, vencía.
"No descubrimos nada nuevo. Ellos eran sabedores de que íbamos a tirar adelante con la gestión directa", remarcó. No obstante, aseguró que el encuentro se desarrolló en un ambiente "afable y tranquilo" en el que primó la "predisposición a trabajar conjuntamente".
Una colaboración que contrasta con las duras críticas de Aecova 24 horas antes de que se produjera esta reunión. Las concesionarias acusaron a este departamento de presentar informes económicos para justificar la reversión con "falsedades e inexactitudes". Así, señalaron que el coste laboral medio de los trabajadores para las empresas de ITV superará los 49.500 euros frente a los 27.380 euros que estimó la Administración valenciana. También, anunciaron una reclamación de 130 millones de euros para ser indemnizadas por el perjuicio económico derivado de la rebaja de tarifas anuladas por el Tribunal Supremo.
Al respecto, Climent señaló que todos los datos de la memoria económica del decreto-ley de creación de la nueva sociedad pública mercantil que asumirá a todos los empleados de las concesionarias está basada en los datos que las compañías les entregaron y que, además, "están en el Registro Mercantil". "Por tanto, no hay ninguna falsedad documental y son más que rigurosos", subrayó Climent, quien remarcó que a él "nunca se le ocurría" utilizar datos "que no sean reales" y lamentó que se pusiera en entredicho "el rigor con el que trabaja la Conselleria".
Sobre la batalla judicial, afirmó que están en su derecho de hacerlo, pero recordó que existen sentencias judiciales que les dan la razón, por lo que están "tranquilos". Y es que cabe recordar que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) desestimó los recursos contencioso-administrativo interpuestos por dos empresas concesionarias de ITV, que reclamaban 27 millones a la Administración por las tarifas anuladas.
En cualquier caso, el conseller comentó que durante la reunión los representantes de Aecova les reconocieron que "se habían equivocado haciendo la rueda de prensa", por lo que insistió en la predisposición que existe de colaborar de forma conjunta. De hecho, la creación de la comisión había sido una exigencias de las empresas desde hacía meses.
"Después de esta reunión ha quedado claro que hay predisposición hacia esa cooperación para la gestión directa. El objetivo es hacer la transición lo más amable posible también pensando en la subrogación de los trabajadores", insistió el conseller. De hecho, el próximo 16 de mayo se convocará a los sindicatos para empezar a trabajar en la subrogación para que este punto se pueda abordar en la nueva comisión de trabajo, así como también analizar la equiparación de salarios.
Por otro lado, las empresas también solicitaron la posibilidad de prorrogar el contrato para la prestación del servicio por los incidentes provocados por la pandemia, una cuestión que no descarta la Conselleria, pero que se tendrá que dirimir en base a informes técnicos. "Si se constata que ha habido afección y que debemos prorrogar el servicio 15 días o dos meses, lo atenderemos, pero la resolución será vía informe técnico", afirmó.
