CASTELLÓ. El Acord de Fadrell impulsa una declaración institucional de cara el próximo pleno de este jueves que pide al Gobierno y a la Generalitat que penalicen en las ayudas y contrataciones públicas a las empresas que defrauden a Hacienda. PSPV, Compromís y Podem-EUPV trabajan en la redacción de una propuesta de consenso junto a los grupos de la oposición para que el Pleno la apruebe.
"Mientras autónomos, pymes y trabajadores tributan puntualmente para mantener y asegurar el Estado de Bienestar, hay algunas grandes empresas que eluden el pago de los impuestos que los corresponderían. En la crisis sanitaria que estamos sufriendo esta práctica ya no solo es éticamente reprobable si no que causa una carencia de recursos en el Estado y deteriora la igualdad de oportunidades del Estado de Bienestar", afirma la declaración institucional que ha sido promovida por los grupos del PSPV, Compromís y Podem-EUPV, .que insta al Gobierno y al Consell a que, de acuerdo con la Ley de Contratos Públicos, se reste puntuación en los procesos de ayudas y contrataciones públicas a las empresas que eludan tributar.
El portavoz de Podem-EUPV, Fernando Navarro, destaca que las Administraciones Públicas necesitan reforzar su capacidad para hacer frente "a la enorme crisis económica por la covid" y que en esta dirección, el Estado "ha de disponer de una fiscalidad suficiente, progresiva y justa".
El portavoz del grupo municipal socialista, José Luis López, recuerda que el Ayuntamiento de Castelló ya aprobó en 2016 una moción para afrontar la lucha contra los paraísos fiscales. "Tenemos que continuar avanzando en la aplicación de cláusulas sociales en la contratación pública, por eso, con esta iniciativa, queremos instar en Gobierno y Consejo que incorporan criterios para incentivar un comportamiento fiscal responsable de las empresas que optan a ayudas o contratos con la Administración Pública", ha indicado López.
Por su parte, el portavoz de Compromís per Castelló en el Ayuntamiento, Ignasi Garcia, ha señalado que los gobiernos tienen que potenciar la contratación de empresas locales y regionales que “generan puestos de trabajo aquí, tributen aquí, y reviertan en la sociedad todo el beneficio de su actividad”.
El pleno del Ayuntamiento de Castelló ya aprobó en junio de 2016 una moción contra los paraísos fiscales que señala que las empresas que optan a contratos con el Ayuntamiento deben de detallar su presencia país por país, y la cifra de negocios a cada uno de estos territorios. Indica que en los concursos públicos se restarán puntos en caso de estar presente en algún paraíso fiscal, siempre teniendo en cuenta y según las leyes actuales de competencia.
El espacio comercial más emblemático de Castelló sopla las velas de sus tres cuartos de siglo desde aquel 21 de diciembre de 1949 en que fue bendecido por el arcipreste Balaguer. Ahora afronta su más importante remodelación, que desde enero de 2026 obligará a un traslado temporal de sus puestos a una carpa en la plaza Santa Clara