Momento de la votación del cese de Brancal como vicealcaldesa el 21 de diciembre de 2018. Foto: ANTONIO PRADASCASTELLÓ. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Castelló sopesa modificar el código ético para evitar un nuevo caso Brancal por las tascas. Aunque la revisión forma parte de las obligaciones adquiridas en el Acord de Fadrell (punto 222), la necesidad de actualizar el reglamento interno está encima de la mesa desde hace semanas ante el cariz que están tomando los acontecimientos por el órdago de los empresarios de la calle Barracas, dispuestos a poner el asunto en manos de la Fiscalía.
El Código de Buen Gobierno que valora el tripartito, a instancias del PSPV-PSOE y del que son conocedores sus socios, Compromís y Podem-EU, se sustenta en el documento que aprobó la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) el 24 de marzo de 2015.
El precepto, de 13 páginas, presenta una estructura sencilla con los ejes estratégicos para la adecuada gestión pública local. Entre esas líneas básicas, destaca el apartado referido a los compromisos éticos en materia de conflicto de intereses. Ninguno de los seis puntos contempla supuestos de corrupción, y menos todavía habla de situaciones en las que un concejal tenga la consideración de investigado (imputado hasta la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal a finales de 2015).
En realidad, la norma obvia por completo el escenario para ediles implicados en procesos judiciales, como sí contempla el actual código ético del Ayuntamiento de Castelló, avalado por el pleno del 25 de mayo de 2006 y modificado el 30 de abril de 2015. En sus tres últimas páginas (sin contar el anexo II de adhesión), no solo matiza la apreciación de imputado (la Lecrim aplicó la corrección meses después), sino que también detalla las medidas preventivas para un regidor salpicado por una causa procesal (corrupción).
"El concejal/concejala será apartado de toda representación que ostente en cualquier órgano colegiado [...]. Si forma parte de la Junta de Gobierno Local, ostenta la condición de teniente de Alcalde [...] se procederá a la revocación inmediata de las mismas", señala. "Dichos acuerdos se adoptarán desde el momento en que el miembro de la corporación municipal resulte imputado en casos de corrupción [...]", prosigue.
En aplicación del reglamento interno, Ali Brancal (Compromís) fue cesada de sus funciones como vicealcaldesa en la pasada legislatura (21 de diciembre de 2018). Lo hizo al estar investigada por un presunto delito de malversación a raíz de una querella del PP por supuestamente haber enviado papeletas electorales de la coalición nacionalista en 2014 a través del servicio de correo municipal.
Apenas cinco días después de las elecciones del 26M, Brancal se vio forzada a renunciar a su acta de concejala pese a haber repetido como munícipe en el consistorio después de que su formación hubiese obtenido tres regidores (Ignasi Garcia y Verònica Ruiz eran los otros dos). La dimisión, que precipitó además su salida de la coalición valencianista, permitió a Francesc Mezquita estrenarse como político en activo.
Como consecuencia de aquella polémica el equipo de gobierno anunció a principios de 2019 la revisión del código ético. Entre otros motivos, para sustituir el término de imputado por la expresión investigado, siguiendo así las directrices de la Lecrim. El Acord de Fadrell valoró encargar la fiscalización a la Cátedra Ciutat de Castelló, dirigida por Juan Ángel Lafuente, cuyo nombramiento como director de la Oficina Económica había enfrentado en su día al PSPV y Compromís. Finalmente dicha opción quedó descartada, aplazando el reajuste para más adelante pese a la consignación presupuestaria de 22.500 euros.
La posibilidad de que los empresarios de las tascas lleven al Ayuntamiento ante la Fiscalía, si se confirman las irregularidades en las mediciones, abre la puerta a un posible delito de prevaricación. Con el actual reglamento de Buen Gobierno, eso supondría que los miembros del equipo de gobierno aludidos en la causa procesal vivirían la misma situación que Brancal, un riesgo que desaparecería con el documento de la FEMP, al que pretende adherirse el tripartito con el amparo de la oposición.
