CASTELLÓ. La aprobación este miércoles de la constitución de la comisión de investigación sobre la sala de Emergencias y Seguridad de Castelló ha evidenciado que, a pesar de la unanimidad respecto al fondo de la cuestión, existe una manifiesta división política a propósito de las formas. La buena sintonía mostrada por los portavoces en sus discursos, explicando el voto favorable a la propuesta del PP y Ciudadanos, ha escondido flecos insalvables. Por ejemplo, qué partido debe asumir la presidencia, si bien es cierto que el Reglamento Orgánico del Pleno se muestra muy claro en este sentido.
La sesión extraordinaria ha sido un visto y no visto. Apenas 10 minutos. El tiempo que han necesitado los representantes para argumentar su posición. Eso sí, con ausencias destacadas, ya que hasta siete ediles no han asistido a la convocatoria. Ignasi Garcia, por Compromís; María Jesús Garrido, por Unides Podem-CSeM-EUPV; Juan Carlos Redondo, Susana Fabregat y Vicente Guillamón, por el PP; y Vicente Vidal y Paula Archelós, por Cs.
Luciano Ferrer, de Vox, ha calificado de "precipitado" la creación de la comisión y ha reclamado "un estudio previo" antes de someter a aprobación la medida. Alejandro Marín-Buck, de la formación naranja, tras exponer parte del contenido de su solicitud conjunta con los populares, ha advertido que "es imprescindible conocer cuáles son las irregularidades que han llevado a esta sentencia", en referencia a los reparos del Tribunal Administrativo acerca de las contrataciones.
"El coste de la sala es inaceptable e inasumible. Desde nuestra posición fiscalizadora como partido de la oposición debemos actuar para esclarecer todas las irregularidades que se están cometiendo en nuestro cuerpo de la Policía Local, como por ejemplo la compra de chalecos antibalas, mochilas tácticas o linternas", ha subrayado.
En este punto, ha precisado que "nos consta que durante la anterior legislatura se realizaron numerosos desplazamientos al extranjero, más concretamente a México por parte del concejal responsable del área de ese momento [Antonio Lorenzo] junto a una serie de acompañantes con el objetivo más que discutible de promocionar el sistema de seguridad municipal que, entre otras cosas, ha demostrado ser ineficiente. No tenemos constancia del coste de esos viajes y de qué partida presupuestaria salió el dinero".
En la misma línea, la portavoz del PP, Begoña Carrasco, ha afirmado que el proceso de adjudicaciones del centro de Emergencias ha estado "salpicado de recursos y contenciosos-administrativos ante los tribunales y de trámites supuestamente bloqueados. Se suman las dudas de otros contratos y de desplazamientos con el objeto de promocionar el sistema de seguridad. Todos esos hechos generan preocupación y desconfianza. Nuestra responsabilidad es velar por los recursos públicos económicos".
Para finalizar, la popular ha aclarado que "no estamos acusando a nadie, ni nadie habla de corrupción, simplemente queremos saber".
Omar Braina, como representante del equipo de gobierno, ha mostrado la plena disposición para acelerar la comisión y ha reiterado que "no tenemos nada que ocultar. Las decisiones políticas que se adoptaron en el anterior mandato se realizaron siguiendo todos los procedimientos administrativos legalmente establecidos y fueron guiadas por los informes de los técnicos municipales. Por lo tanto, no existe ningún impedimento para analizar esas contrataciones y los datos que solicitan.
Por último, el concejal socialista ha defendido la honradez del bipartito en el anterior mandato. "La transparencia es un valor esencial en el Acord de Fadrell y, por lo tanto, con su voto favorable, queremos defender la honorabilidad de los gestores públicos que han formado parte de los gobiernos municipales anteriores y la ética política del ejecutivo local actual", ha concluido.