CASTELLÓ. El ajuste salarial municipal frente al Covid-19 ha divido al Acord de Fadrell y ha desarmado a la oposición. El interminable pleno telemático, de más de cuatro horas y media, ha puesto de manifiesto que en la rebaja de las retribuciones existen diferencias entre el PSPV-PSOE, por un lado, y Compromís y Podem-EUPV, por otro. No obstante, el anuncio de los tres partidos del gobierno de aplicarse con carácter inmediato el encorsetado económico ha dejado en una situación incómoda al PP, Ciudadanos y Vox tras rechazarse sus mociones.
Los socialistas han anunciado que, desde el 9 de abril, el departamento de recursos humanos del Ayuntamiento de Castelló tiene la orden de derivar el 10% del sueldo de los 10 concejales a un fondo para desarrollar políticas contra la crisis mientras dure el estado de alarma. Ese porcentaje se sitúa en el 5% en el caso de los asesores (14). En total, una cuantía de 6.815,56 euros al mes.
A esa cantidad hay que añadir los 4.322 euros de la renuncia del grupo municipal a su asignación trimestral, así como otros 3.339,14 euros de las aportaciones habituales de los miembros del PSPV a su propio partido (4% de la nómina), cifra que se está destinando a la investigación desarrollada por el Instituto de Salud Carlos III para luchar contra la pandemia.
El montante de las tres medidas alcanza los 11.595,53 euros mensuales, según ha explicado la edil de Empleo, Patricia Puerta, quien también ha avanzado que no ingresará suma alguna en calidad de munícipe, en tanto en cuenta se prolongue la actual emergencia. Al tener dedicación exclusiva como vicepresidenta de la Diputación Provincial, su asignación en el consistorio se limita a las asistencias por pleno (276 euros), ya que tampoco forma parte de la Junta de Gobierno Local ni de ninguna comisión permanente.
Por su parte, los portavoces de la formación valencianista y la confluencia han desvelado un acuerdo para reducir sus salarios hasta el 12%, rebaja que empezará a aplicarse en mayo y se extenderá, inicialmente, hasta noviembre. La medida contempla una disminución por tramos, según han detallado Ignasi Garcia y Fernando Navarro, respectivamente.
De esta forma, los tres concejales de Compromís, con emolumentos superiores a los 50.000 euros brutos anuales, atenuarán sus nóminas en un 12%, mientras que los dos ediles de Podem, que dieron marcha atrás a la subida del 50% en octubre de 2019, se aplicarán un 10% por sus 41.463 euros. El pacto recoge igualmente una reducción del 8% para los salarios que superan los 30.000 euros anuales y mantiene las condiciones para las retribuciones iguales o inferiores a esta cifra, en referencia al personal de confianza de cada grupo (cuatro y tres asesores).
"Las aportaciones tienen que ir a fortalecer los recursos económicos del Ayuntamiento en un momento en que los necesitará para ser el escudo social", ha señalado Garcia. En esta misma línea se ha manifestado Navarro, quien ha afirmado que “ante los sacrificios de la ciudadanía enviamos un mensaje de implicación y de demostración de que estamos en el Ayuntamiento para servir a la sociedad".
La decisión del equipo de gobierno de realizar esas adaptaciones salariales fuerza de alguna manera al PP, Ciudadanos y Vox a llevar a cabo internamente las medidas económicas recogidas en sus mociones pese a haber sido rechazadas por el Acord de Fadrell (15 votos en contra y 12 a favor). Los populares plantean donar el 50% del salario de abril, mientras que la formación naranja y la fuerza de extrema derecha apuestan por renunciar a las consignaciones como grupos, además de recuperar las remuneraciones de la anterior legislatura en el caso de Cs.
El pleno ha servido para aprobar una declaración institucional suscrita por el tripartito para suspender la regla de gasto y destinar el superávit municipal a las políticas para hacer frente al coronavirus. Los concejales de Hacienda, Bienestar Social y Seguridad Ciudadana, David Donate, José Luis López y Omar Braina, han expuesto las actuaciones realizadas hasta la fecha en sus áreas ante las críticas de la oposición, que ha vuelto a acusar al Fadrell de "inacción sin haber aprobado ninguna medida extraordinaria desde el estado de alarma".
