CASTELLÓ. El Ayuntamiento de Castelló acatará la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) y facilitará al Grupo Municipal Popular el expediente sobre la investigación abierta a raíz del asalto a la azotea del consistorio el 30 de septiembre de 2017, víspera del referéndum por la independencia de Cataluña.
Como desvela Radio Castellón Cadena Ser, el órgano judicial da la razón a la portavoz del PP, Begoña Carrasco, que interpuso un recurso de apelación contra el laudo del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de la capital de la Plana. Dicho fallo desestimaba la petición formulada por la concejala el 1 de febrero de 2018, quien solicitaba al consistorio el informe completo de la Policía Local relativo al incidente en la fecha indicada, así como copia de las grabaciones de las cámaras de vídeo-vigilancia situadas en la plaza Mayor durante nuevos actos vandálicos (pintadas), en la madrugada del 10 al 11 de noviembre de 2017.
La sentencia del TSJCV estima el recurso de Carrasco contra lo que califica "conducta impugnada de la alcaldía", declarando vulnerado el derecho recogido en el artículo 23.1 de la Constitución y obligando al Ayuntamiento de Castelló a que "se haga entrega completa a la actora [la edil] de la documentación interesada".
Aunque la resolución recoge la posibilidad de recurso de casación ante la sala 3ª del Tribunal Supremo, fuentes municipales aseguran que cumplirán el veredicto para garantizar la máxima transparencia sobre un suceso cuyo segundo aniversario se cumplió este lunes.
El 30 de septiembre de 2017, un grupo de encapuchados accedió hasta la terraza del consistorio a través de un edificio anexo para lanzar papeletas a favor de la independencia de Cataluña. El episodio, atribuido a las denominadas Brigadas Antifascistas (descolgaron también una pancarta con el lema Li diuen democràcia i no ho és), coincidió con la celebración en ese preciso instante de una concentración en contra del sufragio catalanista.
La plaza Mayor vivió momentos de tensión ante la presencia de un nutrido grupo de personas y el revuelo del incidente provocó una rápida reacción del Ayuntamiento, que reforzó la seguridad e instaló rejas en el tejado para evitar nuevos allanamientos.
Además, anunció la apertura de una investigación, iniciativa a la que también se sumaron la Fiscalía y la subdelegación del Gobierno. Sin embargo, con el paso de los meses y la irrupción de otros temas de actualidad, el ataque quedó en un segundo plano.
Ahora, dos años más tarde, el asalto a la azotea cobra actualidad por la sentencia del TSJCV, que no aclara plazos a propósito de su cumplimiento. El PP, en la comisión de Buen Gobierno de este lunes, pidió al concejal responsable, David Donate, que aporte cuanto antes el expediente para que los populares puedan analizar con mayor detalle los informes policiales y las conclusiones de las pesquisas.
Al respecto, unos días después del suceso trascendió que las cámaras de vídeo-vigilancia permanecieron inactivas el 30 de septiembre por un fallo en el sistema. La Policía Nacional, a instancias de la Local, verificó en su investigación que la avería en el circuito se había producido el 28 del mismo mes, sin que nadie se hubiese percatado de ello hasta producirse el hecho.
