CASTELLÓ (EP). El Ayuntamiento de Castelló y la Generalitat Valenciana colaborarán para movilizar pisos vacíos de grandes propietarios para alquiler social. Harán uso de la Ley Valenciana de Función Social, que contempla en el último caso sanciones a aquellos tenedores que se nieguen a facilitar viviendas en desuso para fines sociales, según ha informado el consistorio en un comunicado.
Así lo han acordado este jueves en una reunión la concejala de Vivienda, María Jesús Garrido, y la directora general de Emergencia Habitacional y Función Social, Lorena Sanz. Ambas han coincidido en la necesidad de aumentar el parque de vivienda social y asequible ante la "alta demanda" existente al respecto. El primer objetivo es conseguir que los grandes tenedores de viviendas vacías faciliten algunas para alquiler social.
Ambas administraciones muestran su disposición de colaborar con los citados propietarios para conseguir este fin. El equipo de gobierno municipal ya mantuvo la semana pasada una primera toma de contacto con la Sareb para conocer qué pisos vacíos dispone en la ciudad y cuáles podrían ser susceptibles de tener un destino para alquiler social.
La concejala de Vivienda y la directora general de Emergencia Habitacional han abordado la situación de las ayudas autonómicas impulsadas este año para ayudar a la gente que carece de recursos para afrontar un arrendamiento.
Por otra parte, el ayuntamiento tiene en trámite en estos momentos un concurso de compra de vivienda para alquileres sociales, con un presupuesto de 1,8 millones de euros. Por su parte, el Consell promueve la rehabilitación de 35 viviendas públicas en la calle Santa Cruz de Tenerife y otras 15 en la calle Joaquín Garcia Girona.
