CASTELLÓ. La vivienda pública resurge en la provincia de Castellón con la adquisición de 112 inmuebles por parte de la Conselleria de Vivienda en los últimos tres años de legislatura. La ampliación del parque público ha sido uno de los grandes desafíos para el área que dirige Héctor Illueca y que, tras un desembolso de 7,6 millones de euros, ha conseguido hacerse con estos activos para destinarlos a familias en situación de vulnerabilidad o a aquellas personas interesadas que cumplen los requisitos para acceder a una vivienda pública.
En concreto se trata de 35 viviendas adquiridas en Castelló de la Plana (2,6 millones de euros de inversión); 17 en Vila-real (1,1 millones); 13 en la Vall d'Uixó (841.000 euros); 9 en Benicarló (694.000 euros); 9 en Burriana (542.000 euros); 9 en Onda (510.000 euros); 8 en Moncofa (575.000 euros); 5 en Nules (332.000 euros); 3 en Vinaròs (188.000 euros); 1 en Peñíscola (107.000 euros); 1 en Almassora (70.000 euros); 1 en Montán (40.000 euros) y 1 en l'Alcora (28.000 euros).
Con la adquisición de estos inmuebles, la Generalitat Valenciana ofrece la oportunidad de garantizar el derecho a la vivienda a 112 familias de las comarcas castellonenses. Tal y como indica el el secretario autonómico de Vivienda y Función Social, Alejandro Aguilar "una parte de los activos se encuentran ya adjudicados, mientras que otros están en proceso de adjudicación o en reparación, como por ejemplo las viviendas adquiridas en la Vall d'Uixó, en las que se están haciendo reparaciones menores para ponerlas a punto y que estén listas para cuando entren a vivir las familias".
La opción 'estrella' del departamento que dirige Illueca, el tanteo y retracto, ha sido la empleada para adquirir 37 viviendas en la provincia, 27 compradas por la Conselleria y 10 por parte de la EVha, que depende de Vivienda. Estas operaciones se han cerrado por un precio medio de 57.000 y 58.000 euros por inmueble y han significado un gran avance en la ampliación del parque público castellonense. El tanteo y retracto son dos derechos de adquisición que permiten a la administración quedarse con una vivienda cuando se va a vender (tanteo) o tras su venta (retracto).
Aunque esta forma de compra está regulada desde 2004 para las viviendas de protección publica, la Conselleria aprobó en julio de 2020 un decreto que permitía a la Generalitat quedarse con inmuebles en proceso de subasta por impago de hipoteca, transmitidos por dación o edificios enteros en venta o que se hayan vendido entre operadores privados. Este decreto, impulsado por el exconseller Rubén Martínez Dalmau suscitó mucha polémica en sus inicios entre el sector inmobiliario y entre los propios socios del Botànic.
Sin embargo, el tanteo y retracto no ha sido la única fórmula de la Administración valenciana para ampliar la vivienda pública en Castellón, otra de las herramientas ha sido la compra directa en casos de emergencia habitacional. En la provincia se han sumado 42 nuevos inmuebles en 9 localidades con un precio medio de 68.000 euros por piso. Esta herramienta de compra es empleada por Vivienda cuando se detecta una necesidad habitacional, como por ejemplo cuando una familia es desahuciada y necesita urgentemente un alojamiento.
Por otro lado, en 2021 Vivienda ha sumado 17 inmuebles más en la provincia de Castellón mediante la segunda edición del concurso de compra de viviendas a particulares para alquiler social. La primera convocatoria, de 16 viviendas en Castellón, se cerró en la anterior legislatura del Botànic pero su adquisición no se formalizó hasta el 2020. Ese mismo año, el equipo de gobierno actual lanzó esta segunda edición cuyas adjudicaciones se han hecho efectivas este 2021, sumando 17 inmuebles más al parque público castellonense.
Para el secretario autonómico de Vivienda estas compras constatan "un cambio en el paradigma respecto a las políticas públicas de Vivienda" y asegura que es un camino "que continuaremos en lo que queda de legislatura para seguir ampliando el parque público de Castellón y del resto de la Comunitat Valenciana".
