El BOP oficializa los cambios en el núcleo de confianza de Alcaldía de Castelló

CASTELLÓ. El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) oficializa la última reestructuración impelida por Amparo Marco para reforzar la acción política y comunicativa de Alcaldía, como adelantó Castellón Plaza a mediados de mayo. Los ceses y nombramientos del personal eventual este martes afectan a Amparo Panadero, Sara Lecha y Marta Ramírez, cuyos roles varían ostensiblemente en relación a sus cometidos hasta el pasado mes de abril, cuando la alcaldesa culminó la enésima reorganización interna.

La primera, que fichó como Coordinadora de Alcaldía a principios de 2020, se incorpora al grupo de asesores del PSPV en el Ayuntamiento de Castelló. La segunda deja de formar parte precisamente de ese colectivo para asumir el cargo de la anterior, mientras que la tercera completa el equipo de confianza vinculado al principal partido del gobierno municipal.

Los movimientos, independientemente de los efectos económicos para las implicadas, carecen de consecuencias a propósito del engranaje funcional. Las tres llevan tiempo integradas en el círculo de confianza de la primera munícipe (alguna desde la anterior legislatura), por lo que las designaciones tienen, en realidad, más un carácter normalizador.

El máximo que permite la ley

Tampoco implica que el consistorio incremente el número de colaboradores asociados a la corporación. De hecho, hasta acordar esas permutas, faltaba un puesto por cubrir tras la renuncia de Kevin Rost en agosto del año pasado. Ahora mismo, las seis fuerzas municipales cuentan con 25 asesores, los máximos permitidos por la ley. El PSPV atesora 14 por su condición de formación mayoritaria (están incluidos aquellos que dependen directamente de Alcaldía); Compromís posee cuatro; Podem-EUPV, tres; el PP, dos; y Ciudadanos y Vox, uno cada uno.

La ex concejala de Cs, Paula Archelós, que en mayo solicitó su pase al grupo de no adscritos, no tiene derecho a disfrutar de asesores, como así estipula el reglamento orgánicos de plenos y comisiones. En los casos de ediles tránsfugas, simplemente se advierte que "no podrán formar parte de ningún grupo político y tendrán limitados sus derechos económicos", sin ser superiores a los de su formación de procedencia.

Un tema, por otro lado, que sigue sin resolverse después de los fallidos intentos en las dos últimas juntas de portavoces. En principio, la decisión final debería elevarse a la sesión plenaria de junio, prevista para el 17. En cualquier caso, a día de hoy no existe consenso entre los partidos de la corporación. Socialistas y naranjas apuestan por que cobre solo por asistencias y el resto se aferran al precedente de Juan María Calles en 2014 para dejar su retribución inalterable, esto es, 1.176,55 euros mensuales por una dedicación del 20%.