CASTELLÓN. La crisis abierta en el seno de gobierno en torno a la vicealcaldesa de Castellón, Ali Brancal, puede estar próxima a su fin. Este jueves, día 13, la Comisión de Gobierno Abierto y Participación someterá a votación la aplicación del código ético del Ayuntamiento y, por tanto, el cese de la edil investigada por presunta malversación. Con el PP y Ciudadanos a favor de su destitución, y Castelló en Moviment en línea con Compromís, el grupo socialista tendrá la última palabra, lo que coloca a los socios del Pacte del Grau en una difícil tesitura a solo cinco meses de las elecciones.
El presidente de la comisión plenaria, Ignasi Garcia, ha firmado este lunes la propuesta de dictamen que se elevará al órgano esta semana y, posteriormente, al pleno ordinario del próximo día 20. El texto, que presumiblemente ha sido consensuado con los servicios jurídicos del consistorio, supone admitir implícitamente que la categoría de investigada es equiparable a la de imputada, pues despeja cualquier duda sobre la aplicabilidad del Código de Buen Gobierno al proponer directamente la ejecución de su cese. De esta manera, parecen haber caído en saco roto los reiterados intentos de la vicealcaldesa por desvincular dos términos legales que en la práctica son considerados sinónimos tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim).
La propuesta que se someterá a votación recoge los antecedentes del procedimiento abierto desde que el pasado 8 de octubre el grupo popular pidiera aplicar el código ético y solicitara un informe al respecto a la secretaria general del Pleno. Según ese informe, fechado el 31 de octubre, el código "establece una serie de medidas a adoptar desde el momento en que se tenga conocimiento de la imputación de un miembro de la Corporación y dichas medidas responden a acuerdos adoptados voluntariamente [...] de naturaleza política con consecuencias en la organización y administración municipal para preservar la imagen institucional del Ayuntamiento de Castellón en un ejercicio de autoexigencia de responsabilidad política y por encima de las exigencias mínimas legales", recoge la propuesta de dictamen.
Recuerda que tras la querella del edil del PP Juan José Pérez Macián por supuestamente enviar papeletas electorales de Compromís en 2014 a través del correo municipal, Brancal fue llamada a declarar como "investigada" y "corresponde a la Comisión de Gobierno Abierto y Participación [...] informar sobre la aplicación de las medidas que correspondan", tras escuchar a la vicealcaldesa, y elevar una propuesta al Pleno.
El pasado viernes compareció la edil de Compromís ante la comisión "centrando su exposición en dos aspectos relativos a las circunstancias del caso", dice el escrito. Por un lado, que la querella interpuesta por Pérez Macián es "interesada" y tiene como objetivo "conseguir rédito político", sin "intención de velar por la transparencia ni por el bien común". En segundo lugar, según el documento, la vicealcaldesa defendió que el código "hoy en día no es de aplicación dado que la figura de imputado desapareció de la legislación vigente y de la práctica jurídica en 2015 con la reforma de la Lecrim [...], resultando evidente que dicho código no solo está obsoleto en cuanto a terminología judicial se refiere sino que en su caso es inaplicable". El motivo es que "su situación procesal, que es la de investigada, no está contemplada" en el código y "la doctrina jurídica no admite la analogía", según sustenta el informe que Compromís encargó a una abogada.
Para Brancal, asegura el dictamen, el código se refiere a "imputaciones formales", no a la condición de "investigada" (término que no existía en el ordenamiento jurídico cuando se aprobó el reglamento municipal en abril de 2015), y reitera que si llegara a estar encausada (una fase procesal posterior a la investigación o imputación), "será ella la primera en cumplir el Código de Buen Gobierno".
Por todo ello, la propuesta de acuerdo que abordará la comisión y será sometida a votación y elevada a pleno, plantea tres apartados. Primero, aplicar a la vicealcaldesa el código y "en consecuencia adoptar las medidas preventivas previstas [...] instando a los órganos municipales competentes para la ejecución del presente acuerdo". Se refiere, en concreto, a los puntos 1, 2 y 5 del Anexo I, que suponen apartar a la vicealcaldesa "de toda representación que ostente en cualquier órgano colegiado de gobierno o administración del Ayuntamiento", "la revocación inmediata" de las funciones delegadas por la alcaldesa y la "deducción del régimen de retribuciones [...] pasando a percibir asistencias por concurrencia efectiva a las sesiones del Pleno del Ayuntamiento y comisiones". De esta manera, una vez despojada de sus funciones, Brancal quedaría como concejala rasa.
Por otra parte, el dictamen plantea que estas medidas se mantendrán hasta el archivo de la causa, pudiendo la vicealcaldesa recuperar todas sus competencias. Y, por último, insta al juzgado de Instrucción número 2 de Castellón, que investiga el caso, a actuar con "la máxima celeridad" y determinar "a la mayor brevedad, bien la desimputación, bien la apertura de juicio oral".
La propuesta de dictamen parece estar en consonancia con lo que pedía el grupo popular, que advertía de la posibilidad de incurrir en un delito de prevaricación si la comisión sometía a votación algo distinto a la aplicación del código ético, pues la condición de investigada o imputada ya estaba clarificada y no cabía duda sobre la aplicabilidad del reglamento, según recordaban.
No obstante, todos los grupos municipales están revisando el texto con lupa antes de atraverse a dar siquiera una valoración. Lo que sí han hecho es reiterar la postura que vienen defendiendo desde el origen del problema. El PP y Ciudadanos (Cs) piden la cabeza de Brancal, mientras que Castelló en Moviment (CSeM) no ve aplicable el código ético en este caso "hasta que no haya una imputación formal" por parte de un juez o un fiscal.
Este equilibrio de fuerzas pone al PSPV en una situación incómoda, pues sus votos resultarán determinantes para inclinar la balanza hacia el cese o la continuidad. PP y Cs suman tres votos en la comisión, que frente a solo dos de Compromís y CSeM llevarían al cese, por lo que Brancal necesita el apoyo de los socialistas para continuar en el cargo. La votación en la comisión no es vinculante, pero será el anticipo de lo que días después se votará en el pleno formalizándose así la decisión.
Desde el grupo de Amparo Marco rehúsan avanzar el sentido de su voto, aunque es posible que lo den a conocer en breve, antes de que se celebre la comisión. En cualquier caso, las únicas dos veces que la alcaldesa se ha pronunciado sobre este asunto ha sido clara en torno a la postura ética de su partido, al asegurar que si se tratara de un concejal socialista habría dimitido.
Al enrocarse, Compromís ha puesto al PSPV en una encrucijada, pues cualquiera de sus actos puede conllevar efectos indeseados. Si blinda a Brancal, supondría no solo contradecir las palabras de la primera edil, sino exponerse a un desgaste político -y quién sabe si también electoral-, al rechazar la aplicación de unas normas éticas que aceptaron cumplir todos los grupos municipales, lo que serviría de munición a la oposición de cara a los comicios de mayo.
Por otra parte, dejar caer a la número dos del Ejecutivo local puede ahondar la brecha entre los socios de gobierno hasta el punto de comprometerse el Pacte del Grau actual o su reedición futura si dan los números tras las elecciones. Fuentes consultadas por este diario restan gravedad a la situación, afirmando que las tareas de gobierno se están gestionando con normalidad pese a la coyuntura en torno a Brancal en las últimas semanas.
Nadie se atreve a dar pronósticos, pero en un hipotético escenario de acuerdo postelectoral, lo probable es que PSPV y Compromís resuelvan sus diferencias en pos de otro gobierno de izquierdas, aunque las relaciones queden tocadas tras esta crisis. En cualquier caso, algunas de estas incógnitas se despejarán esta misma semana.