CASTELLÓ. El pleno de agosto de la Diputación de Castellón, que tradicionalmente se adelanta al mes de julio o se retrasa a septiembre (como es el caso), no habría tenido mayor recorrido si no hubiese sido por el rifirrafe que han protagonizado el PSPV-PSOE y el PP este martes a propósito de la aceptación de la renuncia de Manel Martínez como diputado y la dación de cuenta del decreto de cese.
Ambas cuestiones se han tratado por separado, en los puntos 4 y 5 del orden del día en el apartado de Buen Gobierno. Sin embargo, cuando se ha abordado, en primer lugar, la citada dimisión, sometiéndola a votación, el portavoz popular, Vicent Sales, ha avanzado que su partido no se mantendría impertérrito acerca de la polémica. "¿Puedo hacer un comentario o prefiere en ruegos y preguntas?", ha interpelado a la presidencia, cuyo titular, José Martí, le ha emplazado para el final de la sesión.
Antes de llegar a ese momento, la figura de Martínez se ha deslizado sobre el pleno. Su ausencia, dejando en igualdad de condiciones al equipo de gobierno (13 diputados, 11 del PSPV y dos de Compromís) respecto a la oposición (13 representantes, 11 del PP y dos de Ciudadanos), ha monopolizado la votación de la única proposición, a cargo de los populares, sobre la necesidad de articular una prueba única en todo el territorio español de evaluación del bachillerato y acceso a la universidad. Como consecuencia del empate técnico en el primer sufragio, y siguiendo lo establecido en el reglamento, ha habido que realizar un segundo, en el que el voto de calidad del presidente ha desequilibrado la balanza, rechazándose la propuesta.
La sesión, con 15 puntos incluido el extraordinario, apenas ha durado 28 minutos. Ha sido en ruegos y preguntas cuando se han desatado las hostilidades entre socialistas y populares, con una porfía intensa y que se ha extendido durante 10 minutos, aproximadamente. Sales, además de recordar que la dimisión de Martínez se produjo el 30 de julio y que la dación de su cese se firmó el 29 de agosto, ha solicitado que "se haga efectiva la devolución de la mensualidad de agosto", dado que, "en su escrito de renuncia como diputado provincial, y cito textutalmente, lo hizo 'desde la fecha de hoy'. Para sorpresa de propios y extraños el diputado socialista recibió esa nómina. Por eso, pedimos la devolución de los emolumentos".
La réplica del portavoz del PSPV, Santi Pérez, no por sabida (anunciada este lunes mediante nota de prensa), ha causado menos agitación en la bancada de la derecha. "Cuando saltó el escándalo por el pelotazo que presuntamente pretendía dar Francisco Martínez con los terrenos de la depuradora de Borriol, el Partido Popular actuó con él de una forma muy protectora. Según consta en el acta del pleno del mes de enero de 2014, fue cesado como vicepresidente y le fueron retiradas todas sus competencias, quedando sin delegaciones y fuera de todas las comisiones, pero se aprobó para él una dedicación exclusiva por valor de 39.881,04 euros anuales".
"Ahí están sentados miembros que formaron parte de aquel equipo de gobierno [en alusión a Sales, Andrés Martínez y Salvador Aguilella]. Ustedes no son los más indicados para dar lecciones de ética, ya que, si bien cesaron a Francisco Martínez como vicepresidente, dejaron que siguiera ejerciendo como alcalde de Vall d'Alba y vicesecretario del PP".
La extensa intervención de Pérez ha encendido más los ánimos entre los populares. Tanto es así que Sales ha advertido que ambos casos no son "comparables", recordando que Manel Martínez tuvo que dimitir por "protagonizar un bochornoso escándalo de amenazas y coacciones a una mujer y a una trabajadora. No obstante, "recibió todas las muestras de cariño de su partido y no es cierto que haya dimitido como concejal, porque lo sigue siendo, sino como alcalde".
En el cruce de reproches, y para concluir, el portavoz del PSPV ha coincidido en que las dos cuestiones difieren, toda vez que "el asunto de Francisco Martínez fue mucho más grave, ya que tiempo después fue condenado a dos años de cárcel por corrupción".
