CASTELLÓ. El Comité de Gestión de Cítricos (CGC), la patronal nacional que aglutina a los exportadores privados, ha coincidido este viernes plenamente con los términos de la carta remitida en julio por la consejera de Agricultura de la Comunidad Valenciana, Mireia Mollà, al ministro del ramo, Luis Planas, en la que le advirtió del "grave riesgo" que supondría la llegada del greening o HLB a España, según han informado a través de un comunicado fuentes de la patronal nacional que aglutina a los exportadores privados.
El CGC se ha hecho eco también este viernes de las declaraciones que la consejera ha hecho este jueves dirigidas a frenar la posible expansión de esta bacteria –aún no presente en el Mediterráneo- y que resultaría clave controlar antes la población del insecto que la propaga, la Trioza erytreae.
Este psílido, según recuerdan estas mismas fuentes, está presente en la Península desde 2014 y en cinco años ha logrado expandirse por todo el litoral atlántico desde La Coruña a Lisboa, habiendo traspasado incluso el río Tajo. La primera y más urgente medida para evitar su acceso a las zonas productoras vecinas del sur de Portugal o a las de Huelva, según señala el CGC, pasaría por liberar en las áreas infestadas gallegas y lusas el parasitoide –Tamarixia dryi- que el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA) –el laboratorio nacional de referencia en bacterias vegetales- importó desde Sudáfrica y que ha venido testando en Canarias, donde también está presente el citado vector.
El resultado de ese trabajo está disponible ya desde principios de este año, según expresan las mismas fuentes. El ministerio -según la contestación remitida ahora a la consejera- aduce que para proceder a su suelta antes necesita una autorización de la UE. Ante esta situación, el CGC vuelve a coincidir con Mollà en remarcar la evidencia de que, en función de la legislación nacional en materia de sanidad vegetal, se trata de una situación de “urgencia” en la que el Gobierno español sí tiene competencias por lo que su suelta “debería ser inmediata porque está en juego la supervivencia a medio plazo del sector citrícola”, según aduce el comunicado emitido por la patronal citrícola.
El presidente del CGC, Manuel Arrufat, por su parte, ha agradecido, de cualquier manera, las gestiones realizadas en este sentido por la consejera Mollà. No en vano y para ilustrar de la gravedad del asunto, como se indica en el comunicado de la patronal, la propia organización de exportadores ya hizo público en marzo de este año un preocupante informe de impacto sobre las consecuencias de la posible llegada del HLB a España.
Este estudio fue remitido a las autoridades muchos meses antes de ser difundido y entre sus conclusiones, dada la inexistencia de cura y la experiencia contrastada en Florida (EEUU) –cuya evolución se extrapoló al caso español- fueron demoledoras: en 7,5 años desde la primera contaminación, la producción nacional de cítricos quedaría reducida a la mitad (de 7 millones de toneladas a 3,6) y a los 15 años la citricultura pasaría a ser un cultivo residual. “La situación es de emergencia y la burocracia no debería dilatarlo más. Además, la primera amenaza de esta plaga se da en Huelva –que está a menos de 200 kilómetros de las zonas infectadas de Lisboa o incluso en el Algarve, pero el Gobierno portugués no actuará hasta que el español se decida, pues es nuestro país quien ha importado y realizado los estudios de este parasitoide”, explica Arrufat.
Los resultados de la investigación del IVIA realizada en Canarias han demostrado que T. dryi es una avispilla “altamente específica” y que su introducción, liberación y establecimiento en Europa no afecta a otras especies de psílidos. Este parasitoide, además, ya se ha utilizado con éxito en programas clásicos de control biológico en la Isla de la Reunión y en Mauricio, donde se ha conseguido reducir eficazmente (y sin necesidad de fitosanitarios) las poblaciones de psílidos y su presencia natural en Sudáfrica fue clave para contener la expansión del Greening, que sí está presente en aquel país.
El CGC, además, quiere poner el acento en otro peligro evidente de expansión de esta plaga sobre el que tampoco se está actuando convenientemente: la producción de material vegetal para injertos o venta de plantones de Portugal.
Según se explica en el comunicado del CGC, la producción viverística lusa de cítricos se concentra en la zona central del país próxima a Coimbra, con más de 1,2 millones de plantas anuales multiplicadas en alrededor de medio centenar de centros. Esta área, como refleja el mapa de la distribución del insecto a cargo del Ministerio de Agricultura del país vecino –cuyos últimos focos de Trioza datan del 7 de septiembre- está ya dentro o muy próxima a la zona de vigilancia establecida para esta plaga.
Sin embargo, continúan las mismas fuentes, y pese a que desde el 1 de enero de 2018 es obligatorio que estos centros se protejan con mallas y otras medidas de bioseguridad para evitar el acceso del insecto, solo siete viveros en todo el país -dos de ellos en esta zona central- han acometido ya las inversiones para aislar sus instalaciones y evitar una posible contaminación de sus plantones o varetas. En esta línea y como medida preventiva a medio plazo –recomendada en los propios planes de contingencia de las administraciones españolas- el CGC es partidario de que se arbitre una línea de ayudas para facilitar que los viveros de nuestro país –muchos concentrados entre la provincia de Tarragona y Castellón, también en Andalucía pero todos afectados por las consecuencias de la crisis citrícola- acometan esas mismas inversiones en mejora de sus condiciones fitosanitarias, según se expone desde la patronal española.