CASTELLÓ. (EFE). La consellera de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, Rosa Pérez Garijo, ha asegurado que el director general de Urbanismo, Vicente García Nebot, no incurre en ningún tipo de incompatibilidad para mantener el cargo. Pérez Garijo ha respondido así en el pleno de Les Corts a una pregunta del diputado del PP Miguel Barrachina sobre la imputación de García Nebot por un presunto delito de falsificación de documentos en la adjudicación de contratos públicos a través de una empresa de consultoría.
Barrachina ha afirmado que el director general está "imputado en una causa compleja por amañar contratos con ayuntamientos socialistas en la provincia de Castellón", y ha dicho que no pedirá que sea destituido pero sí, al menos, que no se le ascienda. Ha destacado que García Nebot fue contratado a la vez, cuando se produjo el cambo político en 2015, por los ayuntamientos Castelló, Vila-real, Burriana, Segorbe, Onda y Almassora, y ha señalado que el de Almenara, "consiguió apartarle cada año 200.000 euros a él, a su socio y a su empresa".
Barrachina ha denunciado que la alcaldesa de Almenara, Estíbaliz Pérez, "cinco veces imputada", y el director general de Urbanismo actual "están convirtiendo este entrañable municipio, en la cueva de Alí-Babá, como los hermanos Puig en el municipio de Morella". Ha dicho que no reclamará que se destituya a los imputado de todos su cargos públicos, pero sí implora "que nos los asciendan" y ha criticado que el exdelegado del Gobierno en Valencia Rafael Rubio, detenido en el caso Azud, fue ascendiendo de cargos hasta que ha sido detenido.
La consellera ha recordado que todos los altos cargos del Consell están "adheridos al código de buen gobierno", y ha señalado que las posibles incompatibilidades de García Nebot fueron "analizadas de forma rigurosa" por la Oficina de Control de Conflicto de Interés, y determinó que no existe incompatibilidad en la Dirección General de Urbanismo.
Tras recordar que Rafael Rubio ha sido "cesado inmediatamente" del cargo, ha defendido que la Generalitat cuenta, desde que llegó el Botànic, con una normativa "muy clara" de incompatibilidades que dice lo que se puede y no se puede hacer. Antes de eso, ha dicho, "no había nada. Ninguna normativa que dictara incompatibilidad", y tampoco se podía aplicar la normativa del Gobierno, por lo que ha instado al PP a no dar "lecciones de nada".
La juez instructora ha solicitado más documentación que respalde la denuncia presentada
