CASTELLÓ. El culebrón del Plan General de Castelló tiene los días contados. Si las previsiones del equipo de gobierno se cumplen, entre junio y julio se aprobará definitivamente por pleno el último documento del planeamiento urbano, la declaración ambiental de la pieza Pormenorizada, con lo que se pondrá fin a un proceso que dura ya seis años desde que se realizara la primera exposición pública en 2016.
Según explica el portavoz del ejecutivo local, José Luis López, la comisión ambiental municipal ultima su informe, al mismo tiempo que las direcciones provinciales de Costas y Carreteras rematan sus memorias para autorizar el marco urbanístico. En el primer caso, los técnicos abordan la fase de redacción. En el segundo, se trabaja sobre plano en las delimitaciones de acceso de emergencia y afección de zonas de playa y agua. En el tercero, se establecen los límites de viales, su área de influencia y la reserva de suelo con vistas a futuras calzadas de titularidad estatal.
El instrumento Pormenorizado recoge 11 sectores en suelo urbanizable (seis de ámbito residencial, tres de uso terciario y dos con fines industriales), cuyo desarrollo resulta prioritario para completar vacíos en la trama urbana y cohesionar zonas de la ciudad y grupos periféricos. De ahí la importancia de que el Ayuntamiento apruebe cuanto antes la mentada declaración ambiental, ya que permitirá que la planificación urbanística entre en vigor en su totalidad. Asimismo, el Plan General acabará con 22 años de inseguridad jurídica desde que en 2008 el Tribunal Supremo tumbara el (entonces) PGOU del año 2000.
Paralelamente, la Concejalía de Urbanismo avanza con el Plan Director para la Ordenación, Regularización y Preservación de la Marjaleria. Finalizada la primera fase de la participación ciudadana, en la que los vecinos han podido realizar sus aportaciones, el siguiente paso consiste en reajustar el documento para iniciar la tramitación administrativa con la exposición pública.
El programa no solo complementa el Plan General, sino que además aporta los mecanismos para consolidar aquellas construcciones finalizadas antes de agosto de 2014, como establece la Ley de Ordenación del Territorio, Paisaje y Urbanismo (Lotup) tras su última revisión. Se trata de los Planes de Reforma Interior y Planes Especiales de Minimización de Impactos, que resuelven los problemas de inundaciones y de vertidos ilegales (fosas sépticas).
La Marjaleria cuenta con una superficie de 14 kilómetros cuadrados y alberga alrededor de 2.363 viviendas. Muchas de las construcciones se encuentran actualmente en un limbo jurídico, lo que obliga a disponer de un marco legal especial, siempre en sintonía con el planeamiento urbano. Para acelerar su validación definitiva, que todavía tardará un tiempo en producirse, el equipo de gobierno ha impelido la fase previa.
En este sentido, la declaración ambiental y territorial estratégica (Date) de la Conselleria de Política Territorial marca un plazo de 10 años (más uno) con vistas a ejecutar las distintas infraestructuras, tales como la red de saneamiento. Dicha Date se validó en julio de 2021, lo que significa que el Ayuntamiento cuenta en realidad con menos de margen a fin de solucionar las deficiencias del amplio humedal.
El equipo de gobierno descarta recurrir y su portavoz, Vicent Sales, señala sobre el cambio que "el que lo hizo, lo hizo a conciencia". El Ayuntamiento está pagando para expropiar 80 euros/m2 por suelo urbano y 11 euros/m2 por el rústico.