Los nuevos precios para 2023 deberán ser aprobados por la corporación en un pleno.CASTELLÓ. El encarecimiento energético abocará al Ayuntamiento de Castelló a incrementar en un 0,72% el recibo del agua a partir de 2023. El aumento, empero, está más de cinco puntos por debajo de la tasa interanual del Índice de Precios de Consumo (IPC), que se situó en un 6,5% el pasado mes de diciembre. Bien es cierto que la subida rompe la tendencia de contención, e incluso bajista, del actual mandato del Acord de Fadrell. En 2021, por ejemplo, el descenso se estableció en un 0,43%, a instancias de la concesionaria del servicio.
El acrecentamiento se aprobará en un próximo pleno (no está claro si en el de mayo). El acuerdo permitirá incorporar los precios actualizados a la ordenanza reguladora de la prestación que se impulsó el 30 de enero de 2020.
El nuevo recibo del agua, según la propuesta de modificación, también se justifica por el mayor coste de la mano de obra y del IPC desde diciembre de 2020 hasta el mismo mes de 2021. Así figura en el informe técnico del 9 de marzo de 2022. Al considerarse unos parámetros variables, asociados a la coyuntura económica, desde el equipo de gobierno no se descarta que para la revisión de 2024 se concrete una disminución de las tarifas. Según el portavoz suplente del gobierno municipal, Fernando Navarro, la potestad para reexaminar las tasas recae tanto en el Ayuntamiento como en la entidad suministradora.
Por un error en los cálculos, y a pesar de que la concesionaria había advertido que el incremento alcanzaba el 0,72%, la Junta de Gobierno Local aprobó este jueves un ascenso del 6,5%. Esa equivocación deberá ser subsana por la Concejalía de Transición Ecológica, recalculando en su propuesta todos los conceptos que recoge la ordenanza, desde los derechos de enganche, pasando por las cuotas de servicio y consumo, hasta los aforos.
Una vez realizada la enmienda, el informe municipal se remitirá a la Conselleria de Economía, junto con el resto de documentación que establece la normativa vigente, para su resolución por el órgano competente en la materia. En caso de aceptación por parte de la administración autonómica, el siguiente paso será elevar el acuerdo ante la corporación en un pleno. Avalada la propuesta por los grupos municipales, todavía resultará necesaria una exposición al público de 30 días con vistas a la presentación de reclamaciones y sugerencias. De no formalizarse alguna, se considerará ya cerrada la tramitación administrativa para su entrada en vigor.
La última fiscalización del recibo del agua se efectuó mediante la modificación de la mentada ordenanza en 2021, siendo certificada definitivamente por decreto de Alcaldía el 11 de octubre. La concesionaria planteó abaratar el agua un 0,43%. La variación a la baja se sustentó en el análisis anual de la fórmula que dictamina las tarifas del servicio público. La rebaja se aplicó tanto en la cuota fija del recibo como en el precio por metro cuadrado y en los derechos de enganche para nuevas altas.
