CASTELLÓ. Los promotores del nuevo complejo que sustituirá al mítico Eurosol en el turístico municipio de Benicàssim se preparan ya para iniciar los trabajos de derribo del actual inmueble. La idea es echar abajo y levantar de nuevo los prácticamente 3.000 metros cuadrados de superficie de que consta el complejo, un referente estival para varias generaciones de castellonenses que dos empresas inversoras locales compraron al Grupo Gimeno y que contará con el responsable del grupo La Guindilla, José Romero, como socio ejecutivo.
Los promotores de la gran reforma que supondrán las obras ya cuentan con el visto bueno al derribo del edificio otorgado por el Ayuntamiento de Benicàssim. Y según ha podido saber este diario, trabajan con la previsión de comenzar con las labores próximamente a la espera de obtener los permisos de urbanización y de construcción para erigir el nuevo inmueble, con una nueva disposición y adaptado a las nuevas necesidades del renovado proyecto bajo el mismo nombre, Eurosol.
Lo cierto, con todo, es que el proyecto se está retrasando más de lo esperado. Los promotores esperaban tener las obras finalizadas y el complejo reabierto en la primavera de este 2023, pero el retraso en los permisos por parte del Ministerio de Transición Ecológica mantiene bloqueado el avance de la iniciativa, que pretende albergar entre seis y ocho espacios comerciales "de calidad", una zona gastronómica con diferentes espacios y un beach club con el que revitalizar la fachada litoral del Eurosol, que desde hace años no presenta su mejor aspecto.
El derribo es la única actuación que los propietarios pueden llevar a cabo mientras el proyecto sigue su tramitación administrativa. Por el momento, el Ayuntamiento de Benicàssim ultima la modificación puntual del planeamiento, que acaba de sacar a exposición pública para recabar alegaciones si las hubiera, para su posterior aprobación en el pleno municipal. Este cambio es necesario porque actualmente los planos vigentes, que datan de 1994, conllevan unas serie de "restricciones constructivas que limitan considerablemente las posibilidades edificatorias del ámbito e impiden viabilizar su desarrollo", según la memoria del proyecto.
"La antigüedad de las instalaciones, datadas en la década de los setenta, y su deficiente
estado de conservación requieren una intervención integral sobre el núcleo construido,
que no puede limitarse a meras operaciones de reforma o rehabilitación, sino que
precisa acometer la reedificación del complejo", subraya el proyecto, que busca ajustar el planeamiento "a las nuevas necesidades y tendencias de los sectores comerciales, de ocio y turístico, modificando la distribución de los volúmenes edificatorios y de los espacios dotacionales privados", aunque esto no "comporte ningún incremento de la edificabilidad" en el sector.
De esta manera, y tras el cambio, se eliminará el patio interior que existe actualmente y que está cercado por las edificaciones del complejo para concentrar la edificabilidad en la parte interior del paseo, junto a la acera, y alumbrar una fachada marítima abierta y con terrazas.
Tras el derribo y con el planeamiento aprobado, todavía quedarán pendientes algunos pasos. El primero de todos, la urbanización del espacio. Para ello, los dueños ya han presentado el proyecto de urbanización, que requiere del visto bueno consistorial, pero también el de la Dirección General de la Costa y el Mar del Gobierno central. Un informe, este último, que los propietarios llevan tres años esperando y sobre el que todavía no hay respuesta. Aunque se espera pronto, el retraso del Ministerio mantiene en el aire la certidumbre para poder continuar con el proyecto una vez acometido el derribo.
En la urbanización, tal como informan desde la delegación de Urbanismo del Ayuntamiento de Benicassim, que dirige el popular Carlos Díaz, se construirá una escalera al norte y una rampa al sur como nuevos accesos a la playa, además de acometer la implantación de nuevos servicios de alumbrado, saneamiento y pluviales, agua, telefonía, mobiliario urbano, etcétera.
Y en el marco de la tramitación administrativa, el proyecto requerirá además de otro papel: la licencia de edificación, que también depende del Ayuntamiento. Para eso, los propietarios del inmueble tendrán que presentar un proyecto de construcción del nuevo complejo que sustituirá al que se va a derribar. Una vez obtenidas estas autorizaciones -la de urbanización y la de edificación- podrían simultanear la urbanización y la construcción de los nuevos edificios", explican fuentes consistoriales en ese sentido.