El Fadrell activa el derribo de la Cruz y Abogados Cristianos avisa con querellarse contra la alcaldesa

CASTELLÓ. El Ayuntamiento de Castelló reactiva el derribo de la Cruz de los Caídos del parque Ribalta. Lo hace con la apertura de un nuevo procedimiento al amparo del último informe de la Conselleria de Calidad Democrática, que reitera que el monumento se trata de un vestigio de exaltación al franquismo. Sin embargo, su retirada augura el enésimo conflicto judicial ante la amenaza de Abogados Cristianos de emprender nuevas acciones legales.

De hecho, la asociación asegura que formalizará un Contencioso-Administrativa para solicitar la suspensión cautelar una vez el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publique el decreto de la concejala de Memoria Democrática, Verònica Ruiz. Además, "abriremos un procedimiento penal [querella] contra la alcaldesa, Amparo Marco, por prevaricación", según fuentes del colectivo. "Seguiremos el mismo camino que en Aguilar de la Frontera", añaden. En este municipio de la provincia de Córdoba, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción ha abierto diligencias contra la munícipe, Carmen Flores, por la eliminación de la Cruz del Llanito de las Descalzas, perteneciente al Conjunto Histórico Artístico del Monasterio de San José y de San Roque, declarado Bien de Interés Cultural en 1983.

El equipo de gobierno prevé culminar el proceso de supresión del símbolo de Ribalta antes de acabar la presente legislatura. Tras la fallida tentativa en el anterior mandato, que derivó en un litigio ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), existe el convencimiento de que en esta ocasión sí que será posible cumplir el punto 240 del documento del Acord de Fadrell, en aplicación de la Ley de Memoria Democrática. A diferencia del primer intento, ahora avala la decisión un escrito más completo y actualizado de la Conselleria, en el que se subraya que "la cruz se erigió por acuerdo del Ayuntamiento en 1944, dedicándose a los caídos por Dios y por España. Por tanto, en su origen claramente fue un momento de exaltación de la Guerra Civil y de la dictadura". 

Punto de concentración

En este sentido, va más allá y recoge que "el monumento sigue siendo en la actualidad [...] un punto de concentración para la exaltación del franquismo en fechas concretas". Del mismo modo, señala que "no constituye un lugar de historia y tampoco tiene valor artístico". En efecto, de conformidad con la ley 14/2017, de 10 de noviembre de la Generalitat, se insta al consistorio a "proceder a la retirada de la cruz, mediante la autorización de la Conselleria competente en materia de patrimonio cultural, teniendo en cuenta que este símbolo se localiza en un parque público declarado de Bien Interés Cultural (BIC)".

El nuevo procedimiento no supone empezar de cero, ya que, a la documentación del expediente anterior, se suma la generada tras la suspensión. Abogados Cristianos consiguió paralizar el trámite en 2019 tras presentar el 15 de marzo un recurso ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1. La jueza atendió la petición y dispuso, además, de la cancelación de una partida presupuestaria de 80.000 euros que supuestamente el ejecutivo había reservado para derribar el monumento.

El auto del 26 de marzo estableció unas medidas cautelarísimas de suspensión, que posteriormente el tribunal ratificó el 4 de abril, así como el secretario general municipal en un informe emitido el 24 de mayo. En concreto, concluyó que "el principio de prudencia obliga al funcionario que suscribe advertir que procede la suspensión del procedimiento instado por Cultura".

El contencioso acabó en el TSJCV al presentar el ayuntamiento una apelación.  La Sección Cuarta de la Sala estimó el recurso en marzo de 2020, levantando la paralización. La Asociación trató de elevar la causa ante el Tribunal Supremo, pero el propio máximo órgano judicial valenciano inadmitió el recurso, despejando el camino al Ayuntamiento.

A pesar de ese fallo favorable, el tripartito consideró conveniente aparcar el procedimiento y abrir uno nuevo, incorporando información más concluyente. De ahí que el pasado 2 de noviembre se dirigiera a la dirección general para solicitar a la Conselleria de Calidad Democrática un escrito en el que "se demuestre fehacientemente que la cruz de Ribalta se utiliza como un lugar de exaltación del franquismo y la dictadura". El director general, Iñaki Pérez, firmó ese dossier el 8 de abril de este año.