El Fadrell cree que se cumplió la normativa en la reforma de la sala de emergencias de la Policía

CASTELLÓ. (EP) El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Castellón -formado por PSPV-PSOE, Compromís y Podem-EU- ha mantenido este viernes sus conclusiones sobre la comisión de investigación que se ha desarrollado para analizar los procesos de adjudicación de contratos y otros temas relacionados con el servicio de Policía Local, y cree que la misma ha evidenciado el "estricto cumplimiento de la normativa en todos los procedimientos".

En dichas conclusiones, los tres grupos políticos indican que PP y Cs han mantenido su relato de "supuestas irregularidades y anomalías administrativas totalmente falsas" respecto a la reforma de la sala de emergencias. "Se ha constatado el normal funcionamiento de los procesos administrativos de contratación y gestión de los servicios públicos, mientras que el objeto de este contrato se ha cumplido", añaden.

El equipo de gobierno apunta que no puede aceptar las conclusiones de la oposición por contener "mentiras intencionadas y manipulación", y subrayan que "si piensan que ha habido ilegalidades, lo que tienen que hacer es denunciar en el juzgado".

Por su parte, el Grupo Popular ha ratificado también sus conclusiones, en las que señala que hay "claros indicios de irregularidades en la contratación de la reforma de la Sala de Emergencias". Además, asegura que no se ha cumplido el objeto del contrato al no estar unificada la sala y que no queda justificada la externalización del pliego de condiciones a una empresa "sin solvencia ni experiencia previa en este tipo de contratos, que acaba siendo la que adjudica la reforma a una firma ubicada en su mismo barrio".

Las conclusiones de Cs destacan que los pliegos se externalizaron sin justificaciÓn técnica y que no existió control presupuestario ni de la calidad durante la ejecución del contrato. Ante la imposibilidad de poder llegar a un acuerdo entre todos los grupos respecto a las conclusiones, estas deberán recogerse en un dictamen, que deberá votarse en la próxima sesión de la comisión de investigación que se celebrará el 31 de enero, para ser elevado al pleno del Ayuntamiento.