CASTELLÓ. El Acord de Fadrell aspira a convertir Castelló en una ciudad pionera en España con la creación de un Plan Municipal de Diversidad Sexual. La medida forma parte de las obligaciones y compromisos recogidos en la moción sobre LGTBI+ aprobada en el pleno de este jueves, en el que la corporación municipal también avaló tres declaraciones institucionales, entre ellas la presentada por Ciudadanos para exigir la reapertura de los centros auxiliares de salud.
La sesión ordinaria, a diferencia de precedentes, se desarrolló en un clima calmado, hasta que se abordó la propuesta sobre el Día Internacional del orgullo. Es cierto que en el turno de los Reconocimientos Extrajudiciales de Crédito (REC), el equipo de gobierno y la oposición escenificaron sus diferencias, pero era algo que entraba dentro de lo previsible. Sin embargo, la subida de tono se produjo al llegar el debate del primer punto del despacho extraordinario.
El PP respaldó la iniciativa presentada por Compromís, PSPV y Podem-EUPV, con la abstención de Cs. Vox se erigió en el único grupo que se posicionó en contra al considerar que la moción "adoctrina" y contribuye a mantener lo que calificó de "lobby", según su portavoz, Luciano Ferrer.
La alocución de Ferrer para justificar el voto desfavorable de su partido encendió los ánimos de la titular del área y portavoz del ejecutivo local, Verònica Ruiz, de la coalición valencianista. "Lo que no existe es colectivo LGTBI, existen personas con diferentes orientaciones e identidades sexuales. Es el propio lobby LGTBI el que las hace diferentes cuando no lo son. No es aceptable que se manipule por servicios políticos. No nos encontrarán en su objetivo de implantar toda su ideología de LGTBI en la sociedad y en las aulas de nuestros hijos", subrayó el edil de Vox. Su amplia retórica no estuvo exenta de referencias a artículos de la Constitución Española y el código penal.
"Lobby, postulados ideológicos, leyes sectarias,... Su lenguaje es claramente injusto y discriminatorio. Es un intento de criminalizar a miles de personas por su identidad sexual, y ese discurso recuerda mucho a la antigua Alemania nazi, fomentando el odio y la intolerancia", le replicó Ruiz. Ferrer insistió en que "intentar diferenciar a unos y otros lo consideramos una forma de adoctrinamiento".
El rifirrafe no fue a más al intervenir el resto de representantes de los partidos políticos en la explicación de voto, en la que el concejal Esteban Ventura aseguró que la abstención de Ciudadanos obedecía a una cuestión semántica. "Estamos de acuerdo en el fondo, pero no en la forma", aseveró.
Las demás mociones, todas presentadas por el PP, no prosperaron. En el caso de los escritos sobre mosquitos y asociaciones vecinales, la mayoría del Fadrell se impuso sobre la minoría de la oposición. No obstante, sí que se percibió una diferencia en relación a otros plenos. A pesar de que los hechos evidenciaron, una vez más, el distanciamiento entre la alianza de izquierdas y el principal partido de la derecha, las palabras abrieron la puerta a posibles pactos en el futuro. Así, Ignasi Garcia y Francesc Mezquita (Compromís), cuando defendieron la postura del tripartito, coincidieron en reconocer las propuestas del grupo popular, que "muestran cierta valentía", destacó el primero. Un gesto al que correspondió Begoña Carrasco. "Le agradezco de corazón las buenas palabras", significó la concejala.
La tercera iniciativa del PP ni siquiera se llegó a votar. Segundos antes de abordarla, su portavoz anunció que la retiraban ante la imposibilidad de tener un debate por la enmienda a la totalidad presentada por el Fadrell y que, en el supuesto de haberse aprobado, habría invalidado la moción.
En este punto, Carrasco lamentó la estrategia del equipo de gobierno y recordó que, en la anterior legislatura, la Diputación de Castellón, cuya corporación integraban el PP, PSPV, Compromís, Ciudadanos y Castelló en Moviment, acordó verbalmente confinar ese recurso que posibilita el reglamento orgánico para, así, garantizar una discusión abierta. Pacto, además, extrapolable al Ayuntamiento de la capital de la Plana y que la alcaldesa, Amparo Marco, aseguró este jueves "desconocer".
El compromiso, empero, se quedó en una mera declaración de intenciones, ya que el Partido Popular, entonces en el gobierno bajo la presidencia de Javier Moliner, lo vulneró en varias ocasiones. Así ocurrió, por ejemplo, en el pleno de abril de 2017 y que provocó que tanto socialistas como naranjas presentaran unas semanas después, a principios de mayo, una moción con el propósito de obligar por escrito a todos los partidos a cumplir con lo pactado en la Junta de Portavoces. El PP, haciendo valer su mayoría, vetó la propuesta en la comisión de Transparencia.
