Pleno de la Diputación de Castellón, en una reciente sesión.CASTELLÓN.El futuro de las diputaciones vuelve a la palestra después de que el president de la Generalitat, Ximo Puig, haya dado un primer paso hacia el vaciado de competencias de las instituciones provinciales. El proceso ha empezado en Valencia, donde se han creado dos comisiones para analizar las competencias y los presupuestos, pero la Diputación de Castellón -así como la de Alicante- también está invitada a sentarse a la mesa.
Es pronto para conocer el alcance real de esta medida, aunque de momento ya ha servido para que cada partido vuelva a tomar posiciones sobre un debate que había quedado diluido a lo largo de la legislatura. Unos piden la extinción de las diputaciones y otros se contentan con un vaciado de poder que ceda el protagonismo a los municipios. Mientras, el PP va más allá en su férrea defensa del modelo actual y rescata la idea de una tercera urna para elegir directamente a los cargos provinciales. Así lo ven los portavoces de los distintos grupos con representación en la Diputación de Castellón, en declaraciones a Castellón Plaza.
El PP gobierna ininterrumpidamente en la diputación desde 1995, por lo que no es de extrañar su querencia a una institución de la que se ha servido para ejercer y expandir su poder. Durante años funcionó como epicentro político en la provincia, al mando de un todopoderoso Carlos Fabra, a cuya puerta debía llamar todo alcalde que quisiera una subvención. De hecho, pocas diputaciones han tenido tanta repercusión pública como la de Castellón, por razones, eso sí, que al PP le gustaría enterrar. El desprestigio en el que cayó la institución en manos del exmandatario condenado por fraude fiscal dio más munición política a quienes propugnaban el fin de las diputaciones en un contexto de crisis en el que se cuestionaba su utilidad.
Javier Moliner recogió el testigo en 2011 y, tras hacer un lavado de imagen al palacio de Las Aulas, se ha esforzado en ampliar la presencia institucional del autodenominado “gobierno provincial”. En 2015, al perder el PP el control de los principales municipios castellonenses, la diputación se ha convertido en el último bastión del partido. Es, por tanto, estratégica desde el punto de vista político, y el PP no está dispuesto a dejarla caer.
El portavoz popular y vicepresidente primero, Vicent Sales, ve en la maniobra de Ximo Puig “puro postureo” y hace una lectura en clave electoral: sus socios, Compromís y Podem, piden el fin de las diputaciones, y el president necesita su apoyo para gobernar. De hecho, recuerda Sales, “en las comisiones de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), todo el partido socialista, especialmente el que gobierna en las diputaciones de Andalucía, es un acérrimo defensor de éstas […], dice unas cosas en unos sitios y otras en otros en función del viento electoral”.
En cualquier caso, llegado el momento, se muestra dispuesto a dialogar con la Generalitat sobre las competencias, pero considera que a día de hoy no hay duplicidades, pese a que la diputación mantiene su presencia en el Hospital Provincial y en Penyeta Roja, dos áreas -la sanitaria y la educativa- que corresponden a la autonomía.
Sales defiende el papel de la diputación como autoridad local intermedia, un órgano que, según recuerda, existe en “toda Europa”. Su razón de ser, afirma, es trabajar por los pueblos más pequeños: “el ciudadano de Castellón o de Vila-real puede pensar que la diputación no sirve para nada, pero ahora vete a Herbés, que tiene 49 habitantes y necesita una depuradora que vale 250.000 euros. ¿Quién se la va a poner? Al final hace falta una autoridad local intermedia que cumpla con esas funciones”, sentencia.
Además, pone sobre la mesa una idea que ya se planteó en su momento, la tercera urna. La elección directa de diputados y diputadas provinciales “daría más legitimidad a la institución” y permitiría que “los ciudadanos pudieran valorar la gestión”. “Ya puedes hacer las cosas bien y estar en el top de reconocimiento y prestigio, que cuando han de votar para valorarlo, no pueden” -la elección de los cargos provinciales es indirecta-, recuerda el portavoz popular. Así, aboga por equiparar las diputaciones al modelo francés, con sus comicios departamentales.
El PSPV, por su parte, parece decantarse por una tercera vía. No habla expresamente de eliminar la diputación, sino de cambiar el modelo vaciándola de poder y entregándoselo a los consistorios. El portavoz en la Diputación de Castellón, Toni Lorenzo, cree que la institución “solo tiene sentido si se empodera a los municipios en la organización y actúa como un ayuntamiento de ayuntamientos”.
Lorenzo censura el modelo actual abanderado por el PP: “Nosotros no queremos una diputación presidencialista, como gobierno provincial, queremos una diputación como espacio de encuentro de los ayuntamientos […] no puede ser simplemente una instancia de poder más”.
Así, propone, por un lado, que los munícipes intervengan en la elaboración de los presupuestos anuales y, por otro, que se les implique en la gobernanza de la provincia “para que cobren conciencia y sean copartícipes en la toma de decisiones sobre las grandes líneas de inversión que se hacen en Castellón”.
En definitiva, propone “un espacio de codecisión, en el que las administraciones locales y la Generalitat colaboren”. “Si a partir de mayo la diputación tiene mayoría progresista, el PSPV avanzaría en esa línea”, advierte Lorenzo.
El resto de partidos piden directamente la eliminación de la institución provincial, aunque con argumentos distintos.
El portavoz de Compromís, Xavi Trenco, pone en valor las mancomunidades como estructura alternativa para dar respuesta a las necesidades de los municipios pequeños, que son al fin y al cabo los más necesitados de recursos. Lamenta que en Castellón la confrontación política haya llevado al deterioro de las mancomunidades: “cada vez que se plantean este tipo de estructuras se bombardean por los dos grandes partidos y al final acabamos manteniendo la diputación como la madre que protege a todos sus hijos”, censura el diputado.
En este sentido, pide la intervención de la Generalitat para reestructurar el territorio de forma que sean los municipios y las mancomunidades las que gestionen los recursos. Para Trenco, “la diputación no tiene ningún sentido”. “Se convierte en un aparato de confrontación política […], al final no interesan para nada los problemas de la gente, interesan otras cosas”, afea el portavoz de Compromís.
En esta línea se pronuncia también el portavoz de Castelló en Moviment, Iñaki Vallejo, quien considera que las mancomunidades deben desempeñar un papel protagonista a la hora de gestionar los recursos de los pueblos. Los municipios deberían poder unirse en función de intereses en común, no solo por proximidad geográfica, señala el diputado, quien aboga por impulsar este tipo de estructuras.
Ciudadanos, por su parte, no explicita un modelo alternativo, pero sí insiste en que las instituciones provinciales “suponen un despilfarro económico que podría ser ejecutado de manera más eficiente, proporcionando los mismos servicios a la gente desde municipios y comunidades autónomas y evitando duplicidades administrativas”, señala la portavoz, Cristina Fernández. La eliminación de las diputaciones, prosigue, es una medida "muy necesaria para reducir el gasto no productivo de las administraciones en estructura política”.
