La vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera.MADRID (EFE). El Gobierno ha dado luz verde este partes al anteproyecto de Ley que revisa el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero (GEI) para el periodo 2021-2030 y lo adapta a los nuevos objetivos europeos.
El Consejo de Ministros ha aprobado para su remisión a las Cortes esta propuesta legislativa, que modifica la norma vigente e introduce los nuevos objetivos de reducción de emisiones que la Unión Europea se ha marcado como contribución al Acuerdo de París, y que se concretan en la reducción de emisiones de GEI de al menos un 40% en 2030 con respecto a los valores de 1990.
El texto recoge la regulación en España de la cuarta fase (2021-2030) del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la UE (RCDE UE), define las reglas comunes para todos los participantes en el sistema y establece los mecanismos para intensificar las reducciones de emisiones de forma eficaz en relación con los costes y facilitar las inversiones en tecnologías bajas en carbono.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) explica en una nota que el RCDE UE es un instrumento de mercado que persigue un fin de carácter medioambiental, para lo que creó la figura del derecho de emisión como una autorización a emitir una tonelada de CO2 que puede ser objeto de compra o venta.
El número total de derechos de emisión que se expide anualmente define la ambición medioambiental y la oferta en el mercado, por lo que cuanto menor sea ese total, menores las emisiones que se pueden producir y mayor el precio de derecho en el mercado, y al contrario.
De esta manera, subraya el Miteco, se estimula la inversión a tecnologías más limpias que permitan a las industrias que operan en el sistema ser más eficientes.
Se trata de la principal herramienta de que dispone la UE para regular las emisiones de gases de efecto invernadero de la industria, el sector de generación eléctrica y el transporte aéreo en todos los Estados del Espacio Económico Europeo, y un mecanismo para implementar el principio de que quien contamina paga, indica el Ministerio.
Las entidades reguladas deben monitorear sus emisiones cada año y rendir cuenta de las mismas mediante la entrega de un número de derechos de emisión igual a las emisiones producidas, explica la nota, que incide en que el derecho de emisión tiene un valor económico y mediante la disminución de las emisiones, dichas entidades reducen sus costes.
En el comercio de derechos de emisión no se establecen obligaciones de reducción individualizadas, sino que cada entidad decide cuál es la estrategia de cumplimiento que más le conviene, como invertir en mejoras o acudir al mercado para comprar los derechos de emisión requeridos.
El Ministerio matiza que para lograr el objetivo de la UE de reducción de emisiones de al menos un 40 % en 2030 con respecto a 1990, los sectores incluidos en el sistema de comercio deben lograr una disminución de emisiones conjunta del 43 % en 2030, en relación con los niveles de 2005.
