CASTELLÓ. Intervención de la Generalitat vuelve a tirar de las orejas al Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón. En su última auditoría a la gestión del centro, referente al año 2020, el gabinete dependiente de la Conselleria d'Hisenda y Model Econòmic remarca: "La gestión económico-financiera en el área de Contratación no se ajusta a la normativa". Y concreta los incumplimientos.
El principal se refiere a la recepción de bienes y servicios por valor de prácticamente 17 millones de euros "sin el oportuno expediente de contratación". Con ello, este área, integrada en el capítulo II de la liquidación del presupuesto del Consorcio "incumple los principios generales de la contratación pública establecidos en la ley de contratos del sector público", cita textualmente el informe.
En el mismo documento, unas páginas más adelante, Intervención de la Generalitat apunta que durante el pasado año el Hospital Provincial redujo "en un 27% los servicios y suministros sin el oportuno expediente de contratación". Pero, a pesar de ello, "el 44% del gasto total" de este área sigue sin contar con el expediente, con lo que el incumplimiento es todavía flagrante.
Asimismo, en cuanto al pago a los proveedores, "en un 93%" de los casos "se incumple el plazo legal" también fijado en la ley de contratación pública, remarca Intervención. Esta es una situación que, como la previa, "se mantiene" respecto a auditorías pasadas.
De hecho, los aspectos a mejorar en la gestión del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón siguen repitiéndose año tras año. La reciente auditoría, firmada en julio por el viceinterventor general, Ignacio Pérez, y hecha pública ahora, señala que el centro sanitario castellonense "no dispone de masa salarial autorizada por la Dirección General de Presupuestos", ni tampoco de una resolución "favorable" de la Dirección General de Sector Público y Patrimonio sobre la relación de puestos de trabajo. En este último caso, Intervención califica de "imperiosa necesidad" que se dé este paso. Asimismo, ambas circunstancias han impedido que la entidad pueda emitir opinión "sobre la adecuación a la legalidad de las retribuciones satisfechas".
En cuanto a las recomendaciones, Intervención señala que el Hospital Provincial de Castellón "debería crear, y dotar con los recursos necesarios, un departamento de control interno", además de lanzar una instrucción con el fin de gestionar los ingresos distintos a las transferencias de la Conselleria de Sanidad. El 99,5% de estos corresponden a facturas emitidas por la propia Conselleria, que se elevan a 69 millones de euros. Otros son los cánones por el parking, la cafetería o las máquinas de vending; así como las tasas a aseguradoras, por servicios a particulares o las pruebas de esfuerzo deportivas.
