El misterio de la cruz del Ribalta: seis meses sin noticias sobre el recurso para reactivar el derribo

CASTELLÓ. La situación judicial de la Cruz de los Caídos en el parque Ribalta se ha convertido en un auténtico enigma. Seis meses después de que el Ayuntamiento de Castelló presentara un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para reactivar el derribo, siguen sin haber noticias.

Ni siquiera la Asociación de Abogados Cristianos, una de las partes afectadas por el litigio, asegura haber recibido un requerimiento sobre la alegación. "A nosotros no nos ha llegado nada y el juzgado siempre lo notifica todo", subraya la presidenta, Polonia Castellanos.

La única certeza es que el auto 80/2019 del 26 de marzo de 2019 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 estableció unas medidas cautelarísimas de suspensión, que posteriormente el secretario general del consistorio ratificó en un informe emitido el 24 de mayo. En concreto, concluyó que "el principio de prudencia obliga al funcionario que suscribe advertir que procede la suspensión del procedimiento instado por Cultura". Cerca de cumplirse un año, esa resolución judicial continua vigente pese a la apelación interpuesta por el entonces bipartito (PSPV-Compromís) en julio del pasado año. 

Abogados Cristianos judicializó la eliminación del símbolo franquista el 15 de marzo, cuando presentó un escrito para solicitar la paralización de la demolición. La jueza atendió la petición y dispuso, además, la cancelación de una partida presupuestaria de 80.000 euros que supuestamente el Ayuntamiento había reservado para derruir la cruz.

El consistorio mueve ficha

La concejala de Memoria Histórica, Verònica Ruiz, anunció un recurso ante el mismo juzgado al considerar que se había producido una confusión, ya que la consignación económica aludida por la magistrada, en realidad, no se correspondía con lo contemplado en los presupuestos de 2019. Tampoco con el enunciado del epígrafe del capítulo en cuestión.

"La decisión es incongruente. No entendemos cómo se suspende una partida presupuestaria que no existe", aseguró posteriormente la edil tras conocer la desestimación de la alegación. A partir de ese momento, el equipo de gobierno cambió de estrategia y trasladó el proceso al TSJCV, hasta llegar al punto actual, sin novedades ni en un sentido ni en otro.