CASTELLÓ. El Plan General de Castelló vivirá esta semana el que puede ser el último gran trámite que le queda por superar. La Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad ha remitido a la Comisión Ambiental de Castellón el último informe que le restaba, el de inundabilidad, para que el documento que ha de marcar el urbanismo de la capital de la Plana durante los próximos años sea evaluado por esta comisión, algo que acometerá este jueves.
Ha sido de esta manera un auténtico esprint el que han vivido los técnicos de Política Territorial para llegar a esta comisión. Y es que hasta dentro de tres o cuatro meses no se convocará la próxima y no haber remitido el documento a tiempo hubiera supuesto un nuevo retraso en la tramitación del Plan General estructural, la piedra de clave en que descansa el pormenorizado -que sigue una tramitación paralela- y cuya aprobación ansía tanto el Ayuntamiento de Castelló como el sector de la construcción.
Con la celebración de la Comisión Ambiental se abren ahora tres escenarios posibles: la obtención de la Declaración Ambiental y Territorial Estratégica (conocida en el argot urbanístico como Date) sin objeciones; que la Date sea negativa; o que la comisión la apruebe condicionada a algunos cambios. Este último es el escenario más posible, y permitiría al consistorio seguir avanzando en la tramitación.
En este caso, los trámites pasarían por la inclusión de los nuevos requerimientos, la aprobación en pleno de los cambios y su posterior exposición pública, la segunda a pesar de que legalmente no es imprescindible. En este proceso tan solo se aceptarían alegaciones sobre los cambios, con lo que se espera que sean relativamente sencillas de resolver.
Y a partir de ahí tan solo quedaría por volver a aprobar el documento en el pleno municipal y su remisión definitiva a la Comisión Territorial de Urbanismo, que es la que debe aprobar en última instancia el Plan General. Esto permitiría cumplir al Acord de Fadrell sus últimas previsiones para la obtención del nuevo marco urbanístico de Castelló, en una tramitación en que, además, espera agrupar la versión estructural con la pormenorizada para agilizar la validación de esta última.
El equipo de gobierno descarta recurrir y su portavoz, Vicent Sales, señala sobre el cambio que "el que lo hizo, lo hizo a conciencia". El Ayuntamiento está pagando para expropiar 80 euros/m2 por suelo urbano y 11 euros/m2 por el rústico.
