CASTELLÓ. El Acord de Fadrell mantiene su hoja de ruta para aprobar el Plan General de Castelló antes del 1 de abril de 2021 pese a que asume un leve retraso de entre tres y cuatro meses por el Covid-19. Aunque de puertas afuera parezca que las administraciones públicas hibernan, los técnicos siguen trabajando internamente para avanzar con la tramitación y evitar una cuarta prórroga de las normas transitorias urbanísticas.
El anquilosamiento de la evaluación ambiental de la parte estructural, pendiente desde finales de enero, condiciona el interminable proceso burocrático. Cuando la Conselleria de Transición Ecológica autorice la declaración sin reparos, entonces los técnicos municipales asumirán el protagonismo para realizar los reajustes necesarios, también en el documento pormenorizado del PG.
La siguiente fase se centrará en impulsar una nueva exposición pública de 30 días, que permitirá a los afectados presentar alegaciones. A continuación, habrá que resolverlas e incorporar al expediente aquellas que los funcionarios consideren técnicamente viables.
El Plan General definitivo se remitirá a Urbanismo para que dé el visto bueno final después de que lo haya hecho previamente la corporación del Ayuntamiento de Castelló con la celebración de varios plenos.
La parte estructural del PG resulta especialmente importante por contener varios estudios, como el paisajístico o el de inundabilidad. Plasma la esencia del modelo de ciudad para las próximas décadas y cómo debe pautarse el crecimiento.
El Consell autorizó la primera prórroga de las normas transitorias de urgencia el 21 de septiembre de 2012. La segunda ampliación se produjo el 2 de marzo de 2015, con una vigencia hasta el 28 diciembre de 2018. Ante la imposibilidad de concretar los distintos procedimientos antes de la fecha de finalización, el gobierno municipal solicitó un tercer aplazamiento el 4 de enero de 2019, cuando entró en vigor con la publicación en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), extendiéndose hasta el 1 de abril de 2021.
La declaración ambiental de la parte estructural se remitió a la Conselleria el 29 de mayo de 2019. A partir de ese instante, se activó la cuenta atrás con el horizonte puesto en noviembre del mismo año, teniendo en cuenta que el plazo para este tipo de trámites alcanza los seis meses. Sin embargo, en diciembre trascendió que el Ayuntamiento debía realizar correcciones en el informe de inundabilidad.
De esta forma, el 24 de enero de 2020 el portavoz del ejecutivo local y concejal de Urbanismo, Rafa Simó, anunció que las modificaciones ya se encontraban en los diferentes departamentos implicados de Transición Ecológica. Nuevamente se ponía en marcha la cuenta atrás, pero la administración autonómica siguió sin dar señales de vida hasta que a principios de febrero la alcaldesa, Amparo Marco, pidió al conseller de Educación, el castellonense Vicent Marzà, su mediación para desbloquear el Plan General. Apenas un mes después estalló la crisis sanitaria.