CASTELLÓ. El concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Castelló, Juan Carlos Redondo, ha denunciado que “Amparo Marco ha despedido el año 2021 como mejor sabe hacer, pagando miles de euros en facturas irregulares, ni más ni menos que 3,5 millones de euros fuera de los cauces legales administrativos, y que cuentan con los informes contrarios de intervención”, ha señalado.
Juan Carlos Redondo ha valorado de este modo los tres expedientes que el gobierno de PSOE, Compromís y Podemos “han colado” entre los 17 puntos del despacho extraordinario que formó parte de la última Junta de Gobierno Local celebrada en el ejercicio 2021. “El tripartito, que presume tanto de transparencia, aprovecha la última reunión del gabinete de gobierno para, en plenas fechas navideñas, echar el resto y aprobar el pago de facturas ilegales, tal y como las calificaban cuando estaban en la oposición, un sistema de pago a dedo que, lejos de acabar, no deja de crecer, a pesar de contravenir la legislación vigente”, ha incidido.
“La gestión del gobierno de Amparo Marco en materia económica no puede ser más deficiente. De un lado, devuelven miles de euros que previamente han recaudado en impuestos a los castellonenses porque no son capaces de ejecutar los proyectos que ellos mismos prometen que van a realizar. Y del otro, arrastran grandes contratos públicos de servicios ordinarios que están caducados, de manera que se atienden el pago de dichos servicios de manera irregular”, destaca.
Juan Carlos Redondo recuerda que “lo más grave de todo esto no es solo que el sistema contraviene la legislación, sino que mientras estas facturas no se aprueban, las empresas prestadoras de dichos servicios no cobran, a pesar de realizar el trabajo encomendado. Ya lo vimos en agosto, cuando Amparo Marco se vio obligada a celebrar un pleno extraordinario porque las trabajadores del Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) se plantaron y amenazaron con desatender sus obligaciones ante la acumulación de meses de impagos, una situación global que en el conjunto de las empresas prestatarias superaba los 5 millones de euros en aquel momento”, ha añadido.