CASTELLÓ. El PP estrecha el cerco sobre la empresa Alt165 y eleva sus sospechas acerca de irregularidades en las adjudicaciones de los contratos de suministro de la sala de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Castelló. La séptima reunión de la comisión de investigación, más corta de lo habitual, ha puesto de manifiesto que la oposición tirará del hilo hasta que "la criba nos permita aclarar lo sucedido", ha advertido uno de los concejales populares, Vicent Sales.
En consecuencia, el principal partido de la oposición ha solicitado que el consistorio, en calidad de institución oficial, reclame a la Seguridad Social la vida laboral del representante de la citada mercantil, Nicolás Luján Sansón. Y no solo eso, que Intervención emita un informe detallado sobre el titular y el número de cuenta bancaria a la que "le fueron abonados los servicios realizados a Alt 165, consistente en la redacción de los pliegos de prescripción técnica" para el suministro del denominado Centro Integral Municipal de Seguridad y Emergencias 092 (CIMSE).
Esas bases contribuyeron a que posteriormente la firma EuroCop, con domicilio social en la misma localidad que la anterior, ganara tres de los cuatro lotes por un importe de 800.000 euros. Esa cantidad, empero, habría sido mayor si el servicio de contratación del Ayuntamiento hubiese aceptado la recomendación de la Policía Local, a través de un informe firmado por el intendente director de seguridad, Julián Sánchez, y el intendente jefe, José Luis Carque, que implicaba un aumento sustancial de los tres contratos por un valor de 160.000 euros (960.000 euros en total).
"Esa solicitud fue desestimada" al considerarse que "lo que se pedía era una modificación sustancial y que, por lo tanto, lo que debía haber era un nuevo pliego y un nuevo contrato con los cuatro lotes", ha explicado Sales.
Ante ese recelo, respecto a que "parecía que todo iba indicado a la misma empresa y todo hacía indicar que la cuantía fuera la máxima posible a pagar por parte del Ayuntamiento", ha subrayado el edil, el PP también ha instado que se facilite la misma información sobre EuroCop en cuanto a su facturación.
Los populares han aprovechado la cita para presentar al resto de grupos presentes en la comisión el análisis financiero de Alt 165, en el que se acredita su inactividad desde la constitución, sin haber presentado cuentas en los distintos ejercicios. Al respecto, el portavoz del PSPV, José Luis López, ha advertido que "si detectamos cualquier indicio de irregularidad en el proceso no solo lo trasladaremos a la comisión, sino también a la asesoría jurídica de la casa para que actúe en consecuencia de lo que legalmente esté establecido".
"Sí que es cierto que hay cuestiones que hay que analizar. Esa empresa ha trabajado para esta casa en 2016 y aparece que no ha tenido actividad. Es algo que tendremos que estudiar, trasladando las conclusiones como grupo a esta comisión", ha proseguido.
En cualquier caso, el regidor socialista ha precisado que "nos reafirmamos que no es un requisito legal para la contratación pública el que una empresa tenga una actividad".
Las peticiones del PP no se han acabado con los datos bancarios a propósito de las facturas de Alt 165 y EuroCop. También ha ampliado la solicitud sobre la obra civil realizada en la sala de Seguridad, en el periodo en que se ejecutaron los contratos de suministros. Así, ha requerido que el ayuntamiento clarifique si aportó de manera directa y adicional material informático y de comunicaciones y telefonía.
Esa documentación adicional elevará ostensiblemente los 3.000 folios del expediente, el más voluminoso de cuantos se están analizando. Ahora, los integrantes de la comisión de investigación tendrán tres semanas para estudiar el nuevo archivo, compuesto de 2.000 hojas, referido a cuatro contratos. Uno mayor, sobre el abastecimiento de chalecos antibalas, y otros tres menores, para proveer de linternas, mochilas y más chaquetillas de seguridad.