Foto: Antonio PradasCASTELLÓ. El concejal del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Castelló, Juan Carlos Redondo, ha trasladado a la Mesa Negociadora de las Ordenanzas Fiscales una batería de propuestas que persiguen promover una rebaja selectiva de determinados impuestos para reducir la presión fiscal a los ciudadanos, las pymes y los autónomos, con rebajas en la tasa de basuras, el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), el de Construcciones (ICIO) o el relativo a la ocupación de la vía pública con el fin de favorecer la reactivación de la actividad económica y afrontar con mayores garantías la crisis económica y social derivada de la pandemia. Propuestas que se suman a la petición de reducir el IBI a los Bienes Inmuebles de Características Especiales (BICE) a niveles previos a 2018 que el PP ya elevó a la Mesa la semana pasada.
Según ha explicado Redondo, en el caso del IBI urbano "la Ley reguladora de las Haciendas Locales permite aplicar para los inmuebles urbanos un coeficiente mínimo del 0,40% y nosotros proponemos reducir el porcentaje actual, que se sitúa en el 0,69%, ya que existe margen legal y tanto la bajada como la reducción de ingresos están justificadas por los continuos remanentes que presenta este Ayuntamiento ejercicio tras ejercicio, justo en un momento especialmente complicado para las economías domésticas debido a la crisis".
Redondo ha recordado además que "tras la reciente aprobación por parte de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) de la propuesta del Ministerio de Hacienda, estos remanentes ni siquiera se destinarán a amortizar deuda bancaria, sino que serán directamente confiscados por el Gobierno, por lo que la alternativa más justa es que el dinero no salga de los bolsillos de los castellonenses".
Por lo que se refiere al IBI rústico, el edil del PP ha agregado que "si en la actualidad se está aplicando un 0,60%, nosotros proponemos rebajarlo otro 10% hasta el 0,54%, lo que está 0,24 puntos por encima del mínimo del 0,30 que propone la ley y que permitiría ahorrar alrededor de 165.000 euros a la ciudadanía".
Junto a estas medidas, Redondo ha explicado que el PP solicita prorrogar hasta el 30 de junio de 2021 la exención del pago de la tasa de ocupación de vía pública para establecimientos como bares y restaurantes, así como "la devolución de la parte proporcional de la tasa de basura en aquellos establecimientos que han permanecido cerrados durante el estado de alarma o han visto reducida su actividad debido a la covid-19".
"En la actualidad, la Ordenanza Reguladora de las tasas de recogida de residuos sólidos, establece para los locales con actividad hasta cinco tarifas diferenciadas en función del número de empleados, sin tener en cuenta ni el tipo de actividad ni el volumen de los residuos generados, una cuestión que debería llevarse a estudio y que este grupo ha solicitado en diferente ocasiones", ha explicado Redondo.
El edil popular ha añadido que, "a pesar de que el artículo 5 establece que no podrán reconocerse otras exenciones, reducciones o beneficios fiscales que los expresamente previstos en las normas con rango de Ley o los derivados de la aplicación de los Tratados Internacionales, el art. 26.3 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL) también determina que, cuando por causas no imputables al sujeto pasivo el servicio público, la actividad administrativa o el derecho a la utilización o aprovechamiento del dominio público no se preste o desarrolle, se procederá la devolución del importe correspondiente".
"Esto implica que, si el servicio no se presta, se deberá devolver la parte de la tasa correspondiente, pero no porque esté exenta o bonificada, sino porque el interesado tiene derecho a que se le devuelva el importe proporcional de la tasa si no se le presta el servicio, tal y como ocurre en el caso de la recogida de basura", ha incidido Redondo.
Por otro lado, los populares también proponen incluir en la ordenanza que regula el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras que establece una bonificación del 90% para los edificios de más de 50 años de antigüedad, "una bonificación adicional del 25% para minimizar la caída de ingresos de las empresas del sector, así como que se incluya una escala de bonificación en función de la antigüedad y el interés social del edificio".
Y, por lo que se refiere al Impuesto de Actividades Económicas, Redondo ha avanzado que "si bien la ordenanza establece bonificaciones en función del año de actividad y la tasa de creación de empleo de la empresa, solicitamos una bonificación adicional del 25% para aquellas actividades que fueron declaradas no esenciales durante el estado de alarma y se vieron obligadas al cierre de su actividad".
"Consideramos que en una ciudad con 17.000 parados y en la que el equipo de gobierno de Amparo Marco está más preocupado de seguir las directrices que le marcan desde Madrid que de defender los intereses de sus ciudadanos, aliviar la carga impositiva es fundamental para tratar de favorecer la reactivación de la economía y garantizar la continuidad de la actividad empresarial", ha concluido Redondo.
