CASTELLÓ. El Partido Popular en el Ayuntamiento de Castelló ha registrado una iniciativa plenaria, en forma de declaración institucional, con la que espera obtener el respaldo del resto de grupos políticos para instar al gobierno de Pedro Sánchez a endurecer la lucha contra la okupación ilegal de viviendas, ·especialmente en el caso de las mafias organizadas".
"La okupación se ha convertido en uno de los principales problemas que nos trasladan los castellonenses, cuando Castelló siempre ha sido una ciudad tranquila y así debe ser. Los vecinos solo quieren vivir en paz y desde las instituciones públicas se tiene la obligación de garantizar que así sea. El gobierno municipal no puede permanecer impasible ante un problema que va a más en la ciudad. La alcaldesa ha de alzar la voz ante su jefe de filas, Pedro Sánchez y defender a los castellonenses", señala la portavoz del PP, Begoña Carrasco.
El Ministerio del Interior publica que las denuncias por okupación se han duplicado en los últimos tres meses en la provincia, de enero a julio se han registrado 182 casos. En este sentido, la portavoz popular apela a la unidad política en el Ayuntamiento para que se apruebe el próximo jueves en el pleno una batería de medidas, a propuesta del PP, que persiguen instar al gobierno de Sánchez, como administración competente, a que modifique el Código Penal y la recuperación del delito de usurpación de bienes inmuebles con penas de entre 3 y 5 años de cárcel. Se aboga, además, por el desalojo de los okupas en un tiempo máximo de 24 horas.
En Castelló, según explica el grupo popular en un comunicado, se han dado casos de okupaciones ilegales de vivienda en la calle Dean Martí; Joaquín García Girona, Marqués de Salamanca, Calle Borriol, el Paseo Morella y ahora en Calderón de la Barca. Hasta se han colado okupas en un bloque de titularidad autonómica con alquileres sociales. "Por eso, proponemos medidas para actuar con contundencia contra quienes no cumplen la ley, tratando de dar respuesta a todos los afectados por la okupación ilegal, para que no sientan que están más protegidos los okupas que los propietarios", insiste Carrasco.
