CASTELLÓ. "Las videocámaras del centro siguen generando problemas a los comercios, pymes y a los autónomos de nuestra ciudad y el equipo de gobierno no hace nada por atender las quejas y demandas de los afectados". La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Castelló, Begoña Carrasco, ha formulado esta denuncia después de una reunión que ha mantenido con el presidente de Apimagc, la Asociación Provincial de Instaladores de Agua, Gas y Calefacción, Francisco Javier González Soria, que representa a un colectivo de alrededor de 300 empresas y autónomos de toda la provincia. Se suman así a las denuncias que ya se han realizado previamente por parte de otros colectivos profesionales, de autónomos y pymes, que denuncian las trabas que encuentran para poder llevar a cabo su actividad.
"Las videocámaras del centro son un problema para los castellonenses, tanto para vecinos como para los profesionales que necesitan acceder al centro por su actividad desde que el pasado 10 de enero el gobierno municipal de Castellón las volvió a activar. Este es el caso del gremio de fontaneros, quienes se reunieron el pasado 29 de diciembre con el concejal de Movilidad del Ayuntamiento, Jorge Ribes, y donde le trasladaron los problemas que el sistema les genera, puesto que sus servicios se generan en la mayoría de los casos en momentos de emergencia, por lo que resulta imposible anticipar las solicitudes de permisos como está instaurado actualmente", denuncia Carrasco. Se suman así a otros, caso de electricistas, carpinteros, distribuidores, proveedores de suministros… y un largo etcétera de oficios y gremios que ven dificultada su actividad por los límites que suponen las videocámaras del centro, "unos problemas que irán a más con la peatonalización y cierre de todo el casco urbano que supondrá el Castellón Central".
"Así se lo trasladaron los instaladores de agua y calefacción al gobierno municipal, y en dicha reunión se acordó que la asociación remitiría por escrito una relación de las matrículas de los vehículos de todos los asociados, con el fin de analizar vías que permitieran permeabilizar la prohibición para estas situaciones. En marzo volvieron a reiterar la solicitud, pero la realidad es que, a día de hoy, el concejal de Movilidad continúa sin dar ninguna respuesta al respecto, enquistando un problema que necesita soluciones, no mirar hacia otro lado", ha asegurado Carrasco.
La portavoz del PP en el Ayuntamiento recuerda que solo en la primera fase se pusieron más de 16.000 sanciones por valor de 3,2 millones de euros. "De hecho, todavía continúan pasando las prometidas devoluciones de la primera etapa, mientras se acumulan las quejas en esta segunda fase. Desde el PP insistimos en que las cámaras deben desconectarse. Hay otros sistemas para regular el tráfico sin necesidad de freír a multas a los usuarios, lo que demuestra que el objetivo del gobierno de Amparo Marco solo es recaudatorio", ha denunciado.
