CASTELLÓ. El portavoz adjunto del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Castellón, Sergio Toledo, ha celebrado es jueves que “por fin” la comisión de investigación para analizar el gasto de 2 millones de euros en la sala de emergencias de la Policía Local que no funciona eche a andar. Ante esta situación, esperan que "Podem no actúe como comisario de la alcaldesa Amparo Marco y no ponga cortapisas al trabajo de la comisión”, ha añadido, “después de que esta haya estado mareando la perdiz en las últimas semanas, intentando incluso imponer el nombre de la persona que deseaba que ocupara la presidencia, dentro de un grupo político ajeno al suyo”.
En este sentido, Toledo lamenta “el veto” que desde la alcaldía se ha puesto a que el Partido Popular pueda presidir la comisión de investigación -a pesar de haberlo pedido formalmente, tanto en la comisión de estudio de gobierno de interior como por documento con registro de entrada-, así como a la vicepresidencia, “cuando hemos sido uno de los dos partidos peticionarios de la creación de la misma”. “Aun así, vamos a trabajar igual al cien por cien para que los castellonenses sepan en qué se ha gastado el equipo de gobierno casi dos millones de euros en una sala de emergencias que no funciona como debería ni como el concejal socialista aseguró que funcionaba”, ha subrayado a través de un comunicado.
El Grupo Municipal Popular estará representado en dicha comisión por dos de sus concejales, Vicent Sales y Sergio Toledo.
El comunicado recuerda que la sala de emergencias de la Policía Local es un proyecto del anterior equipo de gobierno de Amparo Marco, que arrancó en el año 2016. Durante este tiempo, y a pesar de que el concejal de Seguridad afirmó que la sala estaba dando un gran resultado, se ha conocido por denuncias de los agentes y de medios de comunicación que el sistema de comunicaciones falla continuamente, especialmente en momentos de inclemencias meteorológicas, es decir, justo cuando más se necesita, lo que obliga a los agentes a comunicarse vía WhatsApp.
Asimismo, el procedimiento administrativo ha estado salpicado de recursos y contrarrecursos, siendo el último conocido una resolución del 30 de mayo de 2019 del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales por la que desestimaba la adjudicación de un contrato valorado en 700.000 euros para la adquisición de software y hardware de la instalación, “por fallos graves en el proceso de tramitación administrativa, anulando dicho acuerdo y afirmando que no se había seguido el procedimiento legalmente establecido. Una resolución que llega cuando este contrato ya se había adjudicado a una empresa que precisamente es la misma que se encargó del montaje de la citada sala”, ha relatado Toledo, “y a pesar de que el equipo de gobierno ya había anunciado que con la inversión de casi un primer millón de euros el centro de emergencias ya estaba prestando servicio en óptimas condiciones”, según explican las mismas fuentes del PP.
A esto se unen, según las mismas fuentes populares otras cuestiones "también poco transparentes, como los problemas derivados en los contratos de compra de chalecos antibala, mochilas y linternas". El PP también ha solicitado conocer el número de viajes que se han realizado al extranjero para promocionar el sistema de seguridad en cuestión, y los gastos derivados de los mismos, así cómo se han financiado; o el registro de la marca Proxpol, de propiedad municipal, en México.