CASTELLÓ. (EP). El concejal del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Castelló y miembro de la comisión de investigación no permanente para analizar las contrataciones y los problemas de funcionamiento de la Sala de Emergencia de la Policía Local, Vicent Sales, ha exigido este lunes en Comisión Informativa al gobierno municipal "respuestas" ante un "nuevo varapalo judicial", el "segundo", que -según ha dicho- "advierte irregularidades en el procedimiento de adjudicación, en este caso, del software o 'cerebro informático' de la Sala de Emergencias de la Policía Local". "Solicitamos conocer qué medidas va a adoptar el equipo de gobierno al respecto", ha señalado.
Sales ha apuntado a la "gravedad" de unos hechos consumados "que ponen, de nuevo, en entredicho la gestión del equipo de gobierno, pues, según dicta el fallo, 'la Administración incumple, una primera exigencia legal, relativa a la adjudicación del contrato en un plazo concreto', excluyendo, además, a una empresa del procedimiento de adjudicación, sin causa jurídica, contraviniendo su derecho a libre concurrencia".
Los 'populares' han explicado que, con fecha 30 de enero de 2020, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales -tras haber estimado el recurso presentado por la empresa Infoval contra la anulación del proceso de compra del software o 'cerebro informático' de la Sala de Emergencias de la Policía Local de Castelló, cuyo coste asciende a 600.000 euros-, resuelve que el Ayuntamiento de Castelló "no puede anular, como hizo, el proceso de la compra del material informático y la paralización del proceso".
"En esta ocasión se da la razón a la empresa Infoval que recurrió su exclusión del procedimiento administrativo y se obliga al consistorio a levantar el decreto de suspensión del proceso de licitación", han añadido.
Para los 'populares' el equipo de gobierno debe responder por unos hechos que el propio Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales "desacredita", pues entiende que 'La Administración debiera haber adjudicado el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes al de la recepción de documentación, considerando, además, que no existe reparo o requerimiento de subsanación o adicional de aportación emanado de la Administración receptora de tal documentación. La Administración incumple, por tanto, una primera exigencia legal, relativa a la adjudicación del contrato en un plazo concreto'.
Además, añade, según el PP, que 'Resulta fundamental en este punto resaltar que, en vez de cumplir con la ley, la Administración inicia y ampara una serie de actuaciones de comprobación que, en la práctica, suponen un verdadero procedimiento encubierto de revisión de un acto administrativo, con un absoluto y grosero incumplimiento de las normas que regulan esta institución, y para mayor gravedad, con la participación activa de la empresa que ya ha sido excluida del procedimiento como consecuencia de la Resolución de este mismo Tribunal'.
Para el edil Vicent Sales, "todo este entramado de resoluciones judiciales contrarias a las decisiones del gobierno municipal no hacen más que alimentar las sospechas de un presunto fraude en la adjudicación de la Sala de Emergencias de la Policía Local, valorado en 1,7 millones de euros". Una Sala de Emergencias -ha dicho- "cuestionada judicialmente por los procedimientos de adjudicación que se han seguido desde 2016 y que, además, no funciona como debería, ya que constantemente sufre averías y obliga a los policías locales a comunicarse a través de whatsapp".
El Grupo Municipal Popular ha recordado que el proceso de adjudicación para la compra de nuevo material informático de la Sala de Emergencias de la Policía Local se remonta a principios de 2019. "Fue la empresa EUROCOP la seleccionada tras un proceso, que el propio Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales anuló el pasado verano, al admitir un recurso presentado por la otra empresa aspirante al contrato, Vinfoval. La justicia falló que el proceso debía ser anulado porque se produjo un defecto de forma en la adjudicación a EUROCOP", ha añadido.
Tras esta primera resolución, según los 'populares', el consistorio paralizó la compra, acordando el desistimiento del procedimiento de dicha contratación, desestimando así las ofertas del resto de empresas que habían concurrido, entre ellas Vinfoval. La última resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales de 30 de enero de 2020 advierte que el proceso no se debió paralizar e insta al Ayuntamiento de Castelló a levantar la suspensión del proceso, según los 'populares'.
"El tribunal es contundente, advierte que la decisión del equipo de gobierno de anular el proceso en cuestión 'carece de causa jurídica' apuntando hacia un 'procedimiento encubierto' de la revisión de un acto administrativo", ha reseñado el Grupo Popular.
