CASTELLÓ. El PP pone precio a su lealtad en la Diputación de Castellón y propone crear "un espacio público de confianza". Se trata de habilitar un foro político, en el que tengan cabida los cuatro partidos (PSPV, Compromís y Ciudadanos son los otros tres), para desde la fluidez comunicativa consensuar medidas destinadas a paliar los efectos económicos de la crisis por el Covid-19 en los municipios de la provincia.
En el seno del grupo popular todavía escuece lo que se interpreta como una afrenta del equipo de gobierno por haber rechazado una moción presentada el 16 de marzo, con un plan de choque social y fiscal de 10 puntos, bajo "la excusa de que el Real Decreto de 14 de marzo suspende los trámites administrativos". Como subrayó su portavoz, Vicent Sales, en el pleno telemático de este martes, "la democracia no está en cuarentena".
La negativa a debatir y votar la propuesta, que tampoco se dictaminó en comisión, cerró la puerta incluso a una declaración institucional. "Habríamos aceptado negociar algunos puntos para llegar a un acuerdo", sostienen las mismas fuentes.
"Nosotros ofrecemos unidad y lealtad, pero exigimos que sea de doble vía, no una adhesión inquebrantable y que no se nos informe de lo que hacen, sino que nos consulten lo que quieren hacer, para poder sentirnos corresponsables", reitera Sales.
No en vano, en esos mismos términos se expresó el líder del PP en su intervención durante la sesión virtual, en la que deslizó sutilmente una advertencia al bipartito (PSPV y Compromís) en el caso de que esa reciprocidad no se dé en aquellos asuntos relacionados con el coronavirus. "Pediremos un pleno extraordinario", avisó.
De acuerdo con el reglamento orgánico de la Diputación, existen dos vías para convocar una sesión de carácter excepcional. Atendiendo al artículo 12, corresponde al presidente, "cuando así lo decida", o también lo puede solicitar "la cuarta parte, al menos, del número legal de miembros de la corporación".
El PP, con 11 diputados, cumple con creces esta última premisa, teniendo en cuenta que el plenario lo constituyen 27 representantes (12 del PSPV, dos de Compromís y otros tantos de Ciudadanos, además de los populares).
El mismo apartado precisa que la celebración de la sesión "no podrá demorarse por más de quince días hábiles desde que fuera solicitada", en referencia a la segunda opción. Además, añade que "si el presidente no convocase el pleno extraordinario solicitado por el número de diputados indicado dentro del plazo señalado, quedará automáticamente convocado para el décimo día hábil siguiente al de la finalización de dicho plazo, a las 12 horas, lo que será notificado por el secretario de la corporación a todos los miembros de la misma al día siguiente de la finalización del plazo citado anteriormente".