CASTELLÓ. (EP). El PP solicita 6 años de prisión para el actual secretario autonómico de Empleo, Enric Nomdedéu, en la causa abierta contra él, la exvicealcaldesa de Castelló, Ali Brancal, y el que fuera asesor de Compromís, Miquel Torres, por supuestamente utilizar el servicio postal municipal del Ayuntamiento de la capital de La Plana para enviar papeletas electorales en 2014.
Así, en el escrito remitido al juzgado de instrucción número 2 de Castellón, el PP, que presentó la querella que dio origen a la causa, pide la apertura de juicio oral ante el Tribunal del Jurado y señala que de la instrucción se ha deducido "claramente" que los acusados participaron de la decisión del envío de propaganda electoral de su partido con cargo al presupuesto del Ayuntamiento.
El PP pide por un delito de malversación de caudales públicos 3 años de prisión para Nomdedéu, Brancal y Torres, así como inhabilitación especial para el cargo o empleo público por un periodo de 6 años; y, además, solicita otros 3 años de prisión e inhabilitación especial por un periodo de 2 años para el secretario autonómico de Empleo por falsedad documental.
Según explican los 'populares' en su escrito, el 16 de mayo de 2014, Nomdedéu, entonces portavoz del grupo municipal de Bloc Compromís, en connivencia con los otros dos acusados, requirió del jefe de Negociado responsable de la remisión del correo municipal el envío por correo oficial y a cargo del Ayuntamiento de varios cientos de sobres cerrados dirigidos a distintos destinatarios.
Además, señalan que requerido Nomdedéu por el concejal delegado de Administración Municipal del Ayuntamiento a fin de que expusiese los motivos por los que consideraba que la documentación remitida para su envío por correo pudiese realizarse a costa de las arcas municipales él contestó que ese envío contenía el Boletín de Información Municipal con explicaciones sobre el trabajo que efectuaba su grupo municipal. El PP asegura que el contenido de dichos sobres era propaganda electoral de Compromís.
En noviembre de 2019 la causa fue sobreseída tras pedir la Fiscalía el archivo de la misma. El querellante presentó un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial en el que solicitaba que se revoca que el auto que decretaba el sobreseimiento provisional de la causa y se acordase la continuación del procedimiento, al alegar que el resultado de las pruebas permitía concluir la concurrencia de todos los requisitos exigidos por el tipo penal objeto de querella, malversación de caudales públicos.
La Audiencia de Castellón estimó el recurso del querellante al considerar que, examinada toda la instrucción seguida y las alegaciones de las partes, asiste la razón al recurrente, pues del resultado de las diligencias de investigación practicadas no es posible descartar la participación de los investigados en los hechos ilícitos denunciados, "pues existen suficientes indicios racionales de criminalidad para su imputación".
Fotos: ANTONIO PRADAS
Fotos: Antonio Pradas
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