CASTELLÓN. El PSPV trasladará a la Fiscalía de Castellón los empadronamientos supuestamente irregulares en el municipio de La Llosa, regido por el alcalde popular Joaquín José Llopis. De esta manera, los socialistas contraatacan tras la ofensiva en Villamalur, donde el PP ha denunciado un supuesto delito electoral que, de momento, se ha saldado con la dimisión de Juan Miguel Salvador como vicesecretario de Acción Sectorial del PSPV provincial.
Llueve sobre mojado en La Llosa. En un municipio de 950 habitantes donde un puñado de votos puede decantar la balanza, cada cita electoral viene precedida de movimientos en el censo que el único partido de la oposición, el PSPV, lleva denunciando desde 2011.
En esta ocasión, el portavoz municipal socialista, Ricardo Casals, acusa al alcalde popular de que en los últimos seis meses ha incrementado el censo "empadronando a personas de fuera del pueblo a cambio de trabajo", algo que, según dice, es vox populi en el municipio.
En declaraciones a este diario, asegura que el alcalde ha dado de alta en el padrón a unos 15 vecinos, algunos de los cuales son residentes en el Puerto de Sagunto y en Cataluña, mientras que a otros dos que tampoco viven en el municipio los ha borrado de oficio del registro.
"Llopis solo tramita los empadronamientos de quienes tiene seguridad de que le van a votar, y paraliza y deja sin tramitar los de aquellos vecinos que sospecha que no son votantes del PP", concluye Casals, quien señala que hay dos personas intentando darse de alta en el registro, sin éxito, desde hace meses. "El alcalde les niega este derecho constitucional", lamenta.
Ante esta situación, el portavoz socialista trasladará las posibles irregularidades a la Fiscalía de Castellón. Ya lo hizo en los pasados comicios locales, cuando una veintena de vecinos alegaron contra los intentos del Ayuntamiento de eliminarles del registro municipal. Finalmente, el Consejo de Empadronamiento provincial les dio la razón. En aquellos comicios, los de 2015, el PP ganó por 57 votos de diferencia respecto al PSPV.
El Ministerio Público acabó archivando la denuncia del grupo socialista, algo bastante habitual en este tipo de casos que, o bien no fructifican, o se eternizan en los juzgados por la dificultad para encontrar pruebas que demuestren el supuesto delito.
El alcalde popular Joaquín José Llopis se defiende de las acusaciones alegando que la maniobra del PSPV es "una estrategia electoral": "Cada cuatro años, lo mismo", dice en declaraciones a este diario.
Según sus cálculos, no llega a 60 el número de personas que se han empadronado en el municipio en el último año. "Esto no es Villamalur", afirma, en referencia a la denuncia del PP en aquella localidad, regida por los socialistas, por un supuesto delito electoral al duplicarse el censo -un asunto que los populares achacan al exacalde de Onda Juan Miguel Salvador, quien ha renunciado al cargo orgánico que ocupaba en el PSPV para evitar desgaste al partido ante la cita electoral de mayo-.
Llopis defiende su actuación respecto al empadronamiento en La Llosa. Cuando alguien quiere darse de alta, es la policía local la que comprueba si es residente en el municipio y elabora un informe al respecto, según explica. En este sentido, se muestra tranquilo, pero también "cansado de este tema", y recuerda que en 2015 ya emprendió acciones legales por difamación contra el grupo socialista, una demanda que acabó archivándose.
Ahora, la Fiscalía será quien decida si da trámite o no a las denuncias cruzadas del PP y el PSPV en Villamalur y La Llosa, respectivamente, por los movimientos en el padrón con unos comicios locales a la vuelta de la esquina.