CASTELLÓ. El Grupo Municipal Socialista ha reclamado al concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Castelló, Cristian Ramírez, que "explique públicamente el recorrido de las 134 multas que, presuntamente, no ha abonado por aparcar de forma irregular en la zona azul de la ciudad". La portavoz del PSPV, Patricia Puerta, señala que "cualquier ciudadano y ciudadana sabe que si le notifican una multa y no la paga, más pronto que tarde le embargan la cuenta, y aquí parece que el señor Ramírez tenga un trato presuntamente especial".
El pasado miércoles 31 de enero, tras la celebración del pleno, "el PP dijo primero que la denuncia socialista era mentira, después matizó que igual había algo y al final acabó por confirmar que Cristian Ramírez tenía 29 multas sin pagar, repito, nada menos que 29 multas sin pagar que, de no ser por nuestra denuncia, seguiría ocultando y sin ingresar a las arcas municipales".
Para Puerta, "lo que no entienden los vecinos y vecinas es cómo es posible que estas 29 multas, de 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023 eran desconocidas por el señor concejal. Esto no tiene ningún sentido porque estamos hablando de multas de hace incluso casi 5 años y es insólito que no estuviesen notificadas y no tuviese embargada la cuenta".
Frente a ello, "ahora tenemos a Cristian Ramírez asumiendo el pasado miércoles 29 multas, abonando 2.000 euros por la deuda pendiente, y aquí parece que todo se soluciona con una reprimenda infantil que supone una auténtica burla para los y las castellonenses". Si a esas 29 multas le sumamos las 33 que, según la información a la que ha tenido acceso el PSPV, pagó durante el pasado año, y que por tanto también habría reconocido, "tenemos nada menos que 62 multas del concejal de Movilidad; si eso no es motivo para que dimita o la alcaldesa le cese, estamos ante un escándalo avalado por Begoña Carrasco".
En este sentido, "nos deja estupefactos que la alcaldesa diga hoy que no le parece ejemplar la actitud de Cristian Ramírez, pero que no va a pedir su dimisión”. Para el Grupo Municipal Socialista, “que la alcaldesa diga que no es ejemplar la actitud de Ramírez, pero añadir al mismo tiempo que no le va a cesar porque no es un delito ni una infracción de tráfico, que solo es una sanción administrativa, es de traca. Un concejal no puede seguir en su carga tras acumular 62 multas ya reconocidas y teniendo aún por aclarar qué pasa con las 134 que, presuntamente, sigue sin pagar".
Carrasco, tal y como apunta Puerta, "no puede definir como un error lo que es un modus operandi inaceptable de su concejal y no puede decir que esto ya se ha solucionado porque Ramírez ya ha pagado". A juicio de la portavoz socialista, "la pregunta que se hace toda la ciudadanía es qué hubiese pasado si no hubiésemos denunciado esta situación en el pleno. Y la respuesta creo que la tenemos todos y todas clara".
La portavoz socialista insiste en que "la historia no ha hecho más que empezar, porque hay muchas dudas sobre el estado en el que se encuentran las 134 multas en zona azul registradas de febrero de 2023 al 30 de enero de 2024 que, según nuestra información, presuntamente no ha pagado Ramírez y que nadie sabe qué recorrido han llevado".
Es por eso que uno de los pasos adoptados por el PSPV haya sido la presentación ayer de un escrito solicitando la celebración de una sesión plenaria extraordinaria para que comparezca el concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Castelló de la Plana. "Que no confunda la señora alcaldesa: la petición de comparecencia la registró ayer el PSPV, no ella ni por supuesto Ramírez, como dicen hoy de forma manipulada a la opinión pública".
El escrito presentado por el Grupo Municipal Socialista se centra en los hechos acontecidos con motivo de la denuncia pública realizada por el PSPV en la sesión plenaria del miércoles 31 de enero. En el citado pleno el concejal socialista Jorge Ribes desveló presuntos impagos de más de un centenar de multas, por incumplimiento de la ordenanza de la zona azul, por parte del edil de Movilidad, Cristian Ramírez Martínez, que se habrían producido desde el 1 de febrero de 2023 al 30 de enero de 2024.
A ello se une la existencia de 29 multas que tenía sin pagar, que abonó ese mismo día 31 de enero tras el pleno, por valor de más de 2.000 euros, sanciones asumidas por el propio Ramírez "y que confirman el haber cometido infracciones sistemáticamente en zona azul".
Además, como expuso públicamente el portavoz del equipo de gobierno municipal, Vicent Sales, 9 de esas sanciones -reconocidas y pagadas ahora por Cristian Ramírez– fueron siendo ya responsable del área de Movilidad del Ayuntamiento de Castelló en el gobierno municipal de Begoña Carrasco, "motivo más que suficiente para exigirle su dimisión porque si no es por la denuncia socialista seguiría diciendo seguramente que no tenía multas".