CASTELLÓ. El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Castelló ha presentado una propuesta de Declaración Institucional para instar a la Generalitat Valenciana a retomar los acuerdos con la Sociedad Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) y adquirir las 500 viviendas previstas para alquiler social en la Comunitat Valenciana, así como a estudiar nuevas medidas que favorezcan un aumento del parque de viviendas sociales.
El escrito, que será debatido el lunes en Junta de Portavoces para su inclusión en el pleno del jueves 21 de diciembre, hace referencia a la intención del actual ejecutivo valenciano de paralizar una operación cerrada hace diez meses por el gobierno autonómico del Botànic, iniciativa que “iba a permitir aumentar de forma notable el parque de viviendas sociales de la Comunitat Valenciana”, tal y como señala la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Patricia Puerta.
Fue en febrero de 2023 cuando la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática y la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) anunciaron un acuerdo para la transmisión de un importante número de viviendas, en torno a 500, para destinarlas a alquiler social. La operación impulsada desde el Botànic daba respuesta a una gran demanda social de la Comunitat Valenciana, reflejada en el apoyo de importantes sectores de la sociedad civil, así como de la patronal y de los sindicatos más representativos en el marco del diálogo social.
Este principio de acuerdo situaba a la valenciana como la primera comunidad autónoma que iba a ampliar de manera significativa el parque público de vivienda con activos de Sareb, reflejando en este sentido como gran prioridad de la Generalitat la ampliación del parque público de viviendas.
Durante la legislatura de 2019 a 2023 la Generalitat Valenciana adquirió 1.262 viviendas en 98 municipios del territorio valenciano, con una inversión de 76.087.170 euros. A ellas se iban a unir estas 500 viviendas de la Sareb, lo que abría las puertas a seguir consolidando el parque público de viviendas.
La cercanía de las elecciones municipales y autonómicas de mayo supusieron una ralentización de la operación que ahora, cinco meses después del cambio de gobierno en la Generalitat Valenciana, ha quedado en punto muerto ya que, como recogen los medios de comunicación, el actual ejecutivo autonómico ha paralizado esta compra de 500 viviendas a la Sareb para alquiler social.
Un estudio elaborado este pasado mes de septiembre desde la Oficina Municipal de Vivienda del Ayuntamiento de Castelló recoge datos actualizados del censo de viviendas sociales, que llega a las 240. de ellas, 50 de están en la calle Obispo Salinas; 20 en las calles Huesca y Martínez de Tena; 6 viviendas el Grau de Castelló; 12 en el barrio de Perpetuo Socorro y 52 dispersas en diferentes zonas del municipio.
Pese a ello, “el aumento de los precios de alquiler y las necesidades económicas de numerosas familias hacen necesario seguir apostando por políticas claras y decididas que permitan aumentar el parque de viviendas sociales”, recalca Patricia Puerta, que espera el apoyo de todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Castelló a la propuesta.
