CASTELLÓ. Cada vez que una institución pública cambia de signo político, como sucede en la Diputación de Castellón, el gobierno entrante acomete con sumo esmero una revisión interna de los puestos de trabajo. La fiscalización, de obligado cumplimiento, persigue tanto incrementar el conocimiento acerca del funcionamiento de la entidad como mejorar la eficacia en la gestión administrativa. Sin embargo, con la irrupción del PSPV-PSOE y Compromís, después de 24 años de hegemonía del PP, la auditoria adquiere una mayor trascendencia.
Apenas dos meses de mandato han sido suficientes para comprobar que en determinados departamentos existen ciertas prácticas congénitas que, en mayor o menor medida, dificultan la burocracia. Y, más específicamente, esos hábitos caracterizan el quehacer diario de funcionarios que entraron en la casa durante la etapa de Carlos Fabra como presidente.
El fabrismo se instaló y perduró en la Diputación durante 16 años, entre 1995 y 2011. En década y media las denuncias de los partidos de la oposición respecto al enchufismo en cargos de influencia se sucedieron, convirtiéndose casi en una práctica habitual en cada legislatura.
Algunas de las quejas públicas, y expuestas en ruedas de prensa, incidían sobre nombramientos 'a dedo' efectuados por Fabra. Otras se referían a bases de concursos-oposición diseñadas y publicadas ex profeso.
Fabra aglutinó y consolidó año tras año personal afín. Tanto es así que su sustituto hasta las pasadas elecciones municipales, Javier Moliner, se encontró con las mismas cortapisas que actualmente sufren socialistas y nacionalistas en el gobierno provincial. El exmandatario popular afeaba la actitud de funcionarios que administraban sus áreas de una manera singular, priorizando aquello que consideraban más relevante sin responder ante las directrices que se marcaban desde la presidencia.
Un problema que ahora heredan el PSPV y Compromís, y que pretenden solucionar analizando en profundidad las ocupaciones del personal. Se trata de verificar que cada empleado desempeñe las funciones de acuerdo a su cargo, sin extralimitarse en cuanto a responsabilidades. Además, que la titularidad de la plaza obedezca a una oposición o a la mayor puntuación dentro de una bolsa.
En definitiva, a lo que aspira el gobierno de José Martí es a potenciar la coordinación entre secciones, acrecentar la diligencia administrativa y, sobre todo, afianzar una rutina a propósito de las prioridades para agilizar el dinamismo institucional.